En una larguísima respuesta a una pregunta sembrada por sus operadores de comunicación, el lunes pasado el presidente López Obrador reveló implícitamente su estrategia de mediano plazo: controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura para poder despedir a cualquier juez que se atreva a conceder un amparo en contra de sus caprichos. Es la ruta hacia una dictadura blanda, para empezar.
El Jefe del Ejecutivo está seguro de que logrará humillar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluidos los que puso él, para que declaren constitucional la truculenta reforma que prolonga el mandato del presidente Arturo Zaldívar e implícitamente reconozcan que Zaldívar es el único honorable, íntegro y capaz de aplicar las reformas. Zaldívar y nadie más. Si no avalan su permanencia, en opinión del presidente, los ministros serán cómplices de la corrupción.
A continuación quitó la paja y dejó el trigo al descubierto. Si Zaldívar no es presidente de la SCJN, explicó, tampoco lo sería del Consejo de la Judicatura, “que es el órgano encargado de cuidar el buen comportamiento de los jueces, de los magistrados, de los mismos ministros; es el órgano que puede llevar a cabo la transformación del Poder Judicial, vigilar que los jueces no estén, como ahora, al servicio de los potentados. No generalizo, porque hay jueces, mujeres y hombres, rectos, pero la mayoría está acostumbrada a esas prácticas”.
En buen romance, lo que el presidente está diciendo es que necesita controlar a Zaldívar para controlar a la Judicatura y a través de él despedir a los jueces que se interpongan ante sus caprichos personales. Recuérdese que el Consejo de la Judicatura se integra por siete miembros, de los cuales el presidente tiene tres (Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Verónica de Gyves) que le deben obediencia ciega. Sólo con el voto de Zaldívar podría ordenar el retiro forzoso de algún juez incómodo. Pero Zaldívar no va sólo, lleva en la bolsa los votos de Alejandro González Bernabé y Sergio Molina, quienes le deben, en parte, estar en la Consejo de la Judicatura desde 2019. Es decir, el presidente va por el paquete completo.
Con cinco de los siete votos en el Consejo de la Judicatura, el presidente quiere, a través de Zaldívar, nombrar, sancionar y remover jueces a su antojo. Ya no tendría que pedir al Consejo de la Judicatura, como hizo el pasado 15 de marzo, que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo especializado en competencia económica, por haber concedido amparos contra la inconstitucional Ley de la Industria Eléctrica. Podría remover a cualquiera que osara conceder un amparo contra las ocurrencias inconstitucionales que promueve el gobierno.
El asedio a los ministros forma parte de una larga cadena de acciones de intimidación y amenazas en contra de todas las instituciones que tienen el papel de ser contrapeso del Ejecutivo. Recuérdese que en el pasado reciente se utilizó a la Unidad de Inteligencia Financiera para forzar la salida de la SCJN del ministro Eduardo Medina Mora, a quien se acusó de lavado de dinero. Del mismo modo se obligó a renunciar al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. Al presidente del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, también se le obligó a dejar el puesto. Hay muchos ejemplos más.
Así avanza la concentración del poder político en las manos de un solo hombre. Y como al presidente le gusta recordar desplegados que lo desmienten cuando afirma que en el 2006 hubo fraude electoral, conviene recordar uno más reciente, del 15 de julio del año pasado, firmado por destacados intelectuales entre los que se encuentran Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Roger Bartra:
“…El presidente de la República ha ido concentrando el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. Al hacerlo ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales. Invocando una supuesta Cuarta Transformación menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política…”
