Comienza una nueva época judicial. Ministros, magistrados y jueces de nuevo cuño, llegan bajo la sombra de un procedimiento atravesado por controles sectarios y manipulaciones clientelares. Ante la falta de legitimidad de origen, sólo queda la posibilidad de una legitimidad en el ejercicio. En mi opinión, tratándose de la autoridad judicial, predominantemente es su ejercicio lo que la legitima. En el esquema anterior, la colaboración necesaria entre las fuerzas políticas, daba alguna esperanza de equilibrio e imparcialidad. Bajo el nuevo sistema, queda claro que los acuerdos internos en el grupo de poder condicionan a las autoridades electas. El acordeón y su correspondencia con los resultados finales tachan en el origen la legitimidad de los electos.
Los ministros se someten a rituales atribuidos a las culturas precolombinas; eso sí, salpimentadas por expresiones en la lengua castellana. Al fin y al cabo, México se forja en el mestizaje, cada quien puede calcular la mezcla como le nazca. Los auspicios de la nueva época judicial se cobijan en los símbolos del nacionalismo y eso está bien, la mayor parte de los justiciables somos mexicanos. Sin embargo, la inversión extranjera mira con cautela estos gestos. Si México quiere ser atractivo para la inversión internacional, debe ser capaz de demostrar que puede dirimir los conflictos y las controversias, de acuerdo con los principios y normas que rigen para el cumplimiento de los contratos y el respeto a los derechos incorporados en las autorizaciones administrativas.
Es de notarse que en las últimas semanas se vieron pruebas patentes y patéticas de desgobierno judicial. No son pocos los casos en los cuales los jueces que se fueron, cometieron tropelía y media para allegarse dinero ilícito. Año de Hidalgo. El nuevo gobierno del Poder Judicial debe tomar nota de estos excesos y castigar a algunos por elemental sentido de justicia. Además, eso ha de generar un buen gesto sobre la honestidad que se promete hacia adelante. Es mucho el desasosiego y la oportunidad la pintan calva. Hacerse de la vista gorda será gravísimo.
El gran vacío hacia adelante es el de una justicia para la pobreza. Se dijo que la reforma pretendía terminar con el elitismo judicial. Esa tarea es difícil, en primerísimo lugar porque la mayoría de las controversias que afectan al sistema económico están permeadas por una complejidad técnica y por el equilibrio entre interlocutores capacitados en la complejidad. Esta es una realidad que afecta a los más pobres, pero que opera por encima de ellos. No habrá crecimiento de la actividad económica, si no se garantiza el cumplimiento de la ley para resolver estas controversias. En segundo lugar, la reforma al proscribir los efectos generales derivados de juicios de amparo, sólo tendrá beneficios para quienes los promuevan. Con ello, quedan excluidos de los beneficios de la aplicación de tales criterios todos aquellos que no tienen la capacidad para promover acciones legales. Por último, a este respecto, la modificación del concepto del interés legítimo para acercarlo al interés directo desincentiva la implementación de litigios estratégicos, por ejemplo, en materia de salud y educación pública. Así pues, el incumplimiento de derechos fundamentales de carácter prestacional se acerca a la opacidad. Basta con estos tres ejemplos para señalar como la reforma elitiza a la justicia y omite toda medida para acercarla a los más pobres.
Precisamente después del levantamiento de Chiapas de 1994, quedó clara la necesidad de acercar los procedimientos legales a los más pobres. Ello significa reconocer su problemática y abrir espacios donde la comunicación humana pueda resolver sus conflictos cotidianos. La mediación y la conciliación, así como la organización comunitaria son coordenadas sobre las cuales podemos ensayar una política nacional de justicia para la equidad. Es el colmo que podamos pensar en una justicia que medie los conflictos entre actores económicos calificados y que no podamos pensar en una que solucione los problemas que se suscitan entre los más vulnerables y que, tantas veces, engendran una violencia que abunda en aquélla producto de la miseria misma. Parece que nadie piensa en ello. Se habla de superar la cultura patriarcal que discrimina a las mujeres. Se busca una igualdad que respete la diversidad que existe entre nosotros. ¿Cuándo vamos a empoderar a los pobres para superar a la pobreza? Dotar de herramientas y espacios a los más vulnerables, los acerca a la ley y a la justicia que ésta busca. Lo anterior puede ser radical frente aquéllos que viven de administrar la pobreza de otros. Pero más tarde que temprano habrá que apoyar a los más pobres a superar su estado de postración. Que lo logren mediante el respeto a la ley y no mediante la violencia, es fundamental para el futuro de la democracia mexicana.
Abogado
