Sigue avanzando el proceso de reformas y parece que nada puede detenerlo. La legitimidad electoral del régimen se sostiene como el argumento para avasallar a la legalidad democrática.
Por ejemplo, la reforma para privar autonomía a los órganos reguladores los vuelve a subordinar a los designios del Ejecutivo. Así, todo lo relativo a las telecomunicaciones, será decidido desde Palacio Nacional. Regresan los tiempos de “palo y zanahoria” para los operadores de la radio y la televisión, así como otros medios que operan en la red, quedan supeditados a una visión centralista que guarda como uno de sus propósitos fundamentales, la preservación del poder político. Sin perjuicio de lo anterior, esta regresión no nos lleva necesariamente al contexto del siglo pasado. Hoy la información corre por múltiples canales y la verdad oficial no puede imponerse ciegamente. Lo que es lamentable es que habrá dos países, el que tiene el acceso a una información oficial que pasa por la televisión y la radio abierta y, ese otro que tiene acceso a fuentes nacionales e internacionales, así como a fuentes alternativas al aparato político. Esta segmentación ahonda la diferencia de acceso a la cultura y a la verdad en razón de los niveles de ingreso. Esto condena a que muchos pobres se mantengan en la ignorancia facilitando su manipulación política.
En materia de competencia económica, el debilitamiento de la Comisión competente en la materia, fortalecerá la intervención del Ejecutivo Federal para decidir cuáles son las barreras de entrada a los mercados que se sostendrán y cuáles no. Lo anterior, implica regresar a un proteccionismo económico que favorece a los intereses monopólicos y oligopólicos y debilita la protección al consumidor. Buena parte de las prácticas económicas para favorecer la competitividad, en perjuicio de la concentración de la riqueza, será sustituida por acuerdos cupulares. Es cierto que en algunos casos se busca favorecer a la planta productiva nacional frente a las importaciones, pero eso es materia de la regulación del comercio exterior. Lo grave, repito, es que los intereses oligopólicos construyan sus ganancias a partir de prácticas abusivas de mercado.
En términos políticos, el debilitamiento de las políticas de transparencia regresa a la opacidad, la cual es el ambiente propicio para la corrupción y la discrecionalidad. Algunos miembros del gobierno creen que la buena fe es suficiente para justificar las decisiones políticas. Por ello, someter esas decisiones a un sistema de reglas sólo hace del gobernar un acto engorroso y burocrático. La unción electoral es el elemento necesario para justificar que lo que se hace es en beneficio del pueblo, pues es éste el resorte primario de la decisión misma. Esta lógica circular prescinde de la necesidad de justificar las decisiones más allá de la recta intención. Esto tratándose de la buena fe. En tanto se trate de la mala fe, el corrompido y el corruptor se vinculan por la corrupción y el beneficio personal es la principal justificación de aquello que se decide. El regreso a la opacidad desnuda a los políticos, inclusive a aquellos honrados, ya se ha dicho muchas veces, lo que no suena lógico, suena a metálico. La resistencia a abrir la información a la sociedad sólo cubrirá de sospecha a todo lo que se haga.
Lo más increíble de todo es que la mayoría de los que participan en este trabajo de demolición histórica participaron en la creación de esas instituciones. Urgidos de modernizar al país para cimentar mejor un progreso económico, hoy se arrepienten y destruyen lo que hicieron. Los discursos del pasado hoy callan y sólo dicen que lo que hoy se hace es para beneficiar al pueblo y para desmontar privilegios. No sólo vemos a una clase política sin memoria, sino que vemos un proceso en donde se ha perdido todo el sentido de la vergüenza.
Todo esto sucede en un contexto de desencanto por la democracia. El sistema de reglas se doblega ante el discurso del iluminado que todo lo justifica por su amor al pueblo y por la buena fe de su propósito. Muchos no saben dónde colocarse frente a este ritual. Otros buscamos sostenernos en buenas razones y buenas prácticas. Sin poder político, sólo nos queda hacer bien nuestro trabajo con la idea de construir una evidencia seria y sólida para justificar aquello que hacemos y aquello en lo que creemos. Tarde que temprano los excesos del autoritarismo abrirán de nuevo los debates sobre la necesidad de fortalecer el estado de derecho. Hay que luchar para que el valor destruido por el presente pueda ser reconstruido de la mejor manera cuando llegue el tiempo de algunas rectificaciones. El bien de México y de los mexicanos más pobres debe estar por encima de las diferencias entre autócratas y demócratas. Al final, el poder es sólo un medio para conseguir los fines de la justicia, la paz y la fraternidad entre todos los mexicanos.
Abogado