Preocupa gravemente el tono que en las últimas semanas ha permeado en el discurso político de la Cuarta Transformación. Las grietas en las lealtades políticas en el equipo de gobierno se agrandan. Se percibe una tensión entre el presente gobierno y el anterior, en torno a dos temas centrales: el combate a la corrupción y a la violencia criminal.
Ya hemos dicho que uno de los elementos que han facilitado una regresión autoritaria en el país ha sido el de la impunidad política. Eventos recientes han dejado al descubierto esquemas de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, ya sea nacionales o estatales. No promete nada bueno el ver el debilitamiento gradual de las fuerzas de seguridad a partir de la tolerancia al abuso de algunos mandos. Cuando la autoridad actúa con integridad, valor y transparencia, fortalece su capacidad para dirigir y ordenar a soldados, marinos y policías, el arriesgar la vida y proteger a los pacíficos de los violentos. Los miembros de las fuerzas armadas, civiles y militares, requieren como mínimo un contexto de honor para sí y de seguridad para sus familias a fin de conducirse con valor en las tareas que le son encomendadas. La exigencia de estándares éticos básicos es esencial para establecer las fronteras entre el uso legítimo de la fuerza del Estado y la violencia criminal.
En este orden de ideas, es necesario identificar al delincuente y distinguirlo del ciudadano. Recientes declaraciones del Gobierno de la República y, especialmente, de la Presidenta, revisten un tono autoritario que tiende a confundir la crítica al régimen, con la anarquía o el golpismo. La criminalización de la protesta y de la movilización por parte de agentes independientes al poder público es un camino totalmente equivocado. Es especialmente grave cuando quien lo hace construyó buena parte de su trayectoria política dentro de los espacios que la democracia garantiza a los críticos del poder. No se puede apostar al olvido y menos al ahondamiento del rencor y resentimiento social. El ataque a la corrupción y a la inseguridad pública deben ser áreas que propicien el consenso político, no el encono y la descalificación.
La política es el arte de canalizar el conflicto social por las vías pacíficas. Clarificar las áreas de la controversia, es esencial para recuperar el margen de maniobra de la autoridad en las tareas antes mencionadas. Si es cierto que queremos construir un México sin privilegios, esto sólo puede ocurrir al margen de la corrupción y la violencia.
No dudo que la participación de jóvenes en estas movilizaciones sea una preocupación especial del régimen, con relación a su propia legitimidad. Cuando los jóvenes comienzan a salir a las calles a protestar, se transparenta la indignación que produce la falta de oportunidades, producto del abuso del poder político o fáctico. El desconcierto y la desesperanza se vuelven dolorosamente patentes cuando son gritados por los jóvenes, que son el presente y el futuro de México. Lo anterior no puede ser descalificado, cuando las movilizaciones son reconocidas por los partidos de oposición. Su misión es conducir la crítica al poder por las vías pacíficas.
México está herido y la autoridad política del gobierno, ha sido severamente mermada por la violencia contra líderes sociales y políticos, así como, por la incapacidad del gobierno para procesar legalmente, es decir, con pruebas a quienes son señalados como corruptos. Este escenario puede dar lugar a las tentaciones autoritarias. En el sureste, se amenazan nuevas movilizaciones supuestamente para apoyar al Gobierno de la República ante los riesgos de un golpe de Estado. Estas declaraciones en nada ayudan a la Presidenta, quien prontamente ha dicho que no existen condiciones para suponer estos riesgos. Al tiempo se denota una batalla dentro del gobierno por dominar la narrativa del combate a la corrupción. Hoy, queda claro que la renuncia del Fiscal General se hizo al amparo de presiones manifestadas desde el Senado de la República. Sea lo que sea, fortalecer el control presidencial sobre la Fiscalía, aclara de manera indubitable la responsabilidad política en la persecución de corruptos y violentos.
Abogado