La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, mejor conocida como la Comisión de Venecia creado en 1990, es un órgano consultivo integrado por expertos en el campo del derecho constitucional del Consejo de Europa. Su principal función radica en otorgar asistencia, asesoría legal y apoyo a los Estados miembros del organismo del cual nuestra nación es parte, con la finalidad de mejorar o de advertir desviaciones a los sistemas democráticos y, con ello, a los derechos fundamentales correspondientes.
Bajo este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió en días pasados la opinión de dicha Comisión con relación a las distintas propuestas de reforma político-electoral que se encuentran en discusión por el Legislativo, y hay que decirlo, en vísperas del proceso electoral 2023-2024 en el que se renovará, a nivel federal, el Senado de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Presidencia de la República.
A nivel local habrá elección para la renovación de 8 gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México se renovará la Jefatura de Gobierno. Asimismo, se estarán renovando la conformación de 30 Congresos locales.
Alrededor de 95 millones de electores y electoras podrás asistir a las urnas a votar, en secrecía, por el partido, coalición, candidata o candidato de su preferencia. Parece muy lejano el 2 de junio de 2024 pero, al menos a nivel federal, el proceso inicia sus actividades preparatorias a inicios del último trimestre de 2023, es decir, en menos de un año.
Por ello, cualquier cambio a las reglas del juego que se empezaron a instituir desde el colapso de las elecciones de 1988, es por demás importante. La opinión de la Comisión de Venecia refiere con relación a la iniciativa del Ejecutivo Federal que presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de Morena, entre otros, los siguientes rubros:
-La iniciativa conforma un nuevo sistema electoral que podría conducir a una sobrerrepresentación de los grandes partidos y, consecuentemente, una infrarrepresentación o, incluso, no representación de las fuerzas políticas más pequeñas.
-La Comisión de Venecia considera que el sistema propuesto respecto a la selección de los miembros de lo que sería el ahora Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como de los jueces del Tribunal Electoral “no ofrece suficientes garantías de independencia e imparcialidad”, toda vez que no resulta coherente con las normas y las mejores prácticas electorales vigentes.
-La prohibición establecida en la Iniciativa para que las autoridades electorales puedan determinar sobre la designación de dirigencias partidistas, así como de las candidaturas propuestas, puede resultar perjudicial para hacer efectivas las cuotas impuestas por la Constitución Política y las leyes correspondientes.
-La Comisión de Venecia hace énfasis en la reducción del costo del aparato electoral resulta legítimo. No obstante, las mismas deben revisarse a la luz de la independencia, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales que se registran en nuestro país.
·-La Iniciativa considera la supresión de los órganos de administración y los tribunales electorales locales, lo que a opinión de la Comisión podría traducirse en “…un riesgo inherente a la credibilidad de la gestión del proceso electoral”.
-Se establece en la Iniciativa la integración de órganos temporales y auxiliares para periodos electorales, no obstante, quienes conocemos el ámbito electoral, sabemos que las instituciones electorales tienen un trabajo permanente que incluye, entre otros aspectos la revisión de procedimientos, la capacitación permanente de su personal, la revisión de la geografía electoral, entre muchas actividades más.
-La Comisión de Venecia considera que la centralización de la administración de las elecciones en todos los niveles podría traer consigo un impacto negativo que podría significar, inclusive en una “transformación onerosa” que iría en contra no solo de la política del actual gobierno sino de las tendencias internacionales.
Coincidiendo con las observaciones de la Comisión de Venecia, todo cambio a la norma electoral debe repercutir en una mayor transparencia, que dote a las instituciones electorales de la fortaleza suficiente para poder consolidar nuestro sistema democrático y que los órganos jurisdiccionales tengan las herramientas necesarias para hacer prevalecer un auténtico Estado de Derecho. Cualquier parámetro fuera de esto, estará irrumpiendo la esencia de nuestro sistema político mexicano.
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