Nuestro sistema electoral esta fundado en una serie de normas que históricamente se han construido de forma gradual para darle solidez a las contiendas electorales que se registran a lo largo y ancho del país, así como para garantizar que los actores políticos que participan lo hagan con las garantías de equidad, igualdad y justicia en cada una de las etapas de los procesos electorales. Por ello, y ante la posibilidad de una reforma electoral que cambiarían diversos preceptos legales es importante resaltar tres consideraciones que expongo a continuación.
Lo bueno
El Instituto Nacional Electoral (INE), desde su creación en 2014 ha desarrollado 3 grandes procesos electorales federales, 2015, 2018 y 2021 en donde se han renovado la Cámara de Diputadas y Diputados en 3 ocasiones; se renovó el Senado de la República y hubo elecciones a la Presidencia de la República; tiene en puerta la elección de 2024, cuya organización inicia en el último trimestre de 2023. A nivel local el INE, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales ha organizado más de 300 elecciones cuyos resultados han dado garantía de certeza, profesionalismo y, lo principal, de la voluntad de las y los ciudadanos de depositar, depositando el sentido de su voto en las urnas.
Estos procesos electorales y en donde hubo alguna controversia fueron dirimidas por los órganos electorales jurisdiccionales respectivos, lo que hizo prevalecer la confianza en nuestras instituciones democráticas y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En el desarrollo de estos procesos electorales y en uso de las facultades que el Legislativo le otorgó al INE, se han implementado diversas disposiciones que, entre otros aspectos, han fortalecido y potencializado los derechos políticos y electorales de las y los mexicanos, resaltando las acciones implementadas para garantizar la paridad de género, por ejemplo al nivel de las gubernaturas; el establecimiento de acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexual en la representación política.
De igual forma resaltan las disposiciones del INE para instrumentar, además del voto postal, el voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones federales y locales (si la legislación local así lo dispone).
Otras acciones llevan a cabo el INE en procesos electorales o fuera de ellas, como la revisión de procedimientos, la generación de estudios, la conformación de la geografía electoral, el fortalecimiento de la cultura cívica y democrática de la ciudadanía, entre varios aspectos más.
Lo malo
La confrontación del que ha sido objeto el INE, con la clase política, con la ciudadanía, con los medios de comunicación acusando a dicha instancia, por decir lo menos, de no ser garante en el ejercicio de su función pública.
Poner al INE en el debate público me parece un error por tratarse justamente de una de las instancias en la que la ciudadanía más confianza tiene, por encima, incluso, del Poder Ejecutivo o del propio órgano Legislativo.
La ruta correcta hubiese sido plantear la propuesta de reforma electoral por las vías institucionales, creo que el propio Ejecutivo hubiese salido fortalecido porque hay aspectos que son importantes y sustantivas en dicha reforma como, por ejemplo, el voto electrónico por internet que no sólo permitiría, en mi opinión, incrementar la participación ciudadana, sino, además, podría generar ahorros significativos en un mediano plazo.
Lo peor
El intento primero, a nivel constitucional de diversas propuestas para “suprimir” al INE por una nueva instancia y con ello, la derivación de algunas de sus atribuciones a otras instancias lo que podría haber ocasionado falta de certeza en los procesos electorales.
La abierta polarización entre #INENoSeToca y lo que podría denominarse #ElINESiSeToca que, más allá del debate jurídico, jurisdiccional o parlamentario ha generado que la ciudadanía se coloque de un lado o del otro dejando de lado la esencia vertebral del poder público: velar por la unión de todas y todos los mexicanos.
Independientemente de lo que defina el Legislativo, la constante de cualquier reforma, no solo de carácter electoral, es y debe ser el bienestar de la población. En este caso, darle la certeza de que habrá renovación periódica del poder público, que su voto será contado, que las elecciones sean una fiesta cívica y no de confrontación.
Nuestra sociedad merece que todas y todos, los poderes del estado, los medios de comunicación y los conocedores de la materia electoral estemos a la altura que se merece, hoy podemos lograrlo.
