De acuerdo con lo establecido tanto en la Constitución Política como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) es la instancia competente para aprobar la demarcación territorial de los 300 distritos electorales en que se divide el país y los 673 distritos electorales locales, ya que, a través de ellos, se funda la organización de las elecciones en nuestro país.
En este sentido, y toda vez que el INEGI integró un nuevo Censo de Población y Vivienda correspondiente a 2020, con lo que se logra analizar los diversos cambios ocurridos en los últimos diez años en el país respecto a las características demográficas, socioeconómicas, entre otras, el INE comenzó en 2021 los trabajos para proponer al Consejo General, su máximo órgano colegiado de decisión, una distritación electoral federal y local.
El objetivo de un proceso de distritación electoral es lograr un equilibrio poblacional que garantice una mejor representatividad de los cargos que se disputan de elección popular. Para ello, el INE conformó un Comité Técnico integrado con especialistas en la materia que le da transparencia e imparcialidad a dichos trabajos enmarcados en criterios y reglas operativas aprobadas por el INE de donde destaco los siguientes:
-Equilibrio poblacional para garantizar una distribución proporcional de la población al interior de cada distrito electoral;
-Distritos integrados con municipios de población indígena o afromexicana en donde, entre otras disposiciones, se delimitarán distritos electorales federales y locales con municipios que cuenten con 40% o más de esta población;
-Integridad municipal que determina que preferentemente se deberán conformar distritos electorales con municipios completos en virtud de que el municipio es la unidad básica de la organización político-administrativa del país;
-Tiempos de traslado, cuyo objetivo es que exista una buena comunicación y accesibilidad entre la ciudadanía en la conformación de los distritos electorales;
-Continuidad geográfica, así como el correspondiente a factores socioeconómicos y accidentes geográficos.
Este proceso de distritación, y con base en el protocolo acordado por el INE, tiene la meta de que sean consultados con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ahora bien, el INE ha desplegado un importante ejercicio de difusión basado en foros estatales en las 32 entidades federativas para explicar este tipo de trabajos que son de por sí complejos.
Bajo este contexto, el pasado 30 de junio el Consejo General del INE aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales locales, así como sus respectivas cabeceras, de los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla.
El significado de estos trabajos, en este primer bloque, es que, de los 673 distritos electorales locales de todo el país, fue aprobada una nueva geografía electoral en 134 distritos que corresponden a las 6 entidades federativas descritas, es decir, casi el 20% del total de los distritos locales. Visto de otra manera, esta nueva geografía electoral aglutina a poco más de 24 millones de ciudadanas y ciudadanos.
Por entidad federativa tenemos que Campeches cuenta con 21 distritos electorales locales; Coahuila con 16; Colima con 16; Chihuahua con 22; Ciudad de México con 33, y Puebla con 26.
Esta nueva demarcación territorial de los distritos electorales locales de las 6 entidades federativas será la que se utilice en próximas elecciones, de ahí su importancia y trascendencia no solo para las y los ciudadanos, sino para todos los actores políticos que, en su oportunidad, participen en el transcurso de las campañas electorales, para ganarse la simpatía de las y los electores.
La equidad de una competencia electoral no solo es fijar reglas igualitarias y equitativas para los partidos políticos, las y los candidatos, sino también, generar un tablero de ajedrez (la geografía electoral) parejo para todas y para todos, incluyendo, por supuesto a la ciudadanía.
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