El conflicto de los respiradores defectuosos fabricados por la empresa Philips, que ha tenido enormes repercusiones en Estados Unidos, Europa y otras regiones del planeta, ha devenido en México en una guerra mediática sui generis, donde la verdad se dirime en batallas con cañones lanzachayotes y trincheras de silencio institucional. Mientras unos buscan distraer al público con asuntos procesales para evitar que se hable de los equipos y sus efectos sobre la salud, otros tratan de exhibir la dimensión internacional del escándalo sanitario. Este texto se enfoca en una dimensión diferente, acaso más grave: la inmovilidad de las autoridades mexicanas para actuar como lo han hecho otras naciones.
A esta larga cadena de improvisaciones y fallas estructurales se suma un episodio que ha pasado casi desapercibido en México, pero que en otros países ha encendido todas las alarmas: el escándalo de los respiradores defectuosos de Philips. Antes de entrar en el caso específico, conviene recordar el colapso institucional del sistema de salud mexicano.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, su gobierno, obsesionado con desmantelar todo lo anterior, suprimió el Seguro Popular en 2020. Esta política, más ideológica que técnica, destruyó un esquema que, con todo y sus defectos, ofrecía atención básica a más de 50 millones de personas sin seguridad social. Su sustituto, el INSABI, nació sin reglas claras, sin padrón de beneficiarios y sin cooperación plena de los estados. El resultado: según el Coneval, el porcentaje de mexicanos sin acceso a servicios de salud pasó del 16.2% en 2018 al 39.1% en 2022.
La pandemia de COVID-19 agravó todo. Mientras miles de personas morían, el presidente declaraba que la crisis le había venido «como anillo al dedo», pues lejos de buscar resolverla, argumentó que la situación serviría «para afianzar el propósito de la transformación». En 2023, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia concluyó que más de 299 mil de las 808 mil muertes en exceso eran atribuibles a fallas de gestión. Aunque la campaña de vacunación fue un éxito relativo, los problemas estructurales no se resolvieron; persistieron el desabasto de medicamentos, la precariedad del personal médico y la suspensión de tratamientos para enfermedades crónicas.
Tras el fracaso del INSABI, nació IMSS-Bienestar en 2022. Aunque prometía un modelo federal financiado por el Estado, avanzó desigualmente. La falta de diagnóstico claro, escasez de personal y rezagos en infraestructura lo han dejado como un proyecto incompleto. El gobierno de Claudia Sheinbaum promete consolidarlo como sistema nacional, pero hereda una estructura debilitada y sin mecanismos de control eficaces.
En medio de este escenario, el caso Philips destaca por la negligencia sanitaria del Estado mexicano. En 2021, Philips Respironics reconoció que millones de sus equipos CPAP, BiPAP y ventiladores contenían una espuma de poliuretano (PE-PUR) que, al degradarse, liberaba partículas y gases tóxicos. La FDA de Estados Unidos clasificó el retiro como de Clase I, el más grave por riesgo de muerte. En abril de 2024, tras recibir más de 116 mil reportes de fallas y al menos 561 muertes, la FDA obligó a Philips a firmar un decreto judicial para reparar o reemplazar los dispositivos y pagar más de 1100 millones de dólares en compensaciones.
En Italia, la empresa enfrentó multas diarias de 10 mil euros por cada equipo no retirado. En Canadá, Australia, Francia y Alemania, las agencias sanitarias emitieron alertas y coordinaron retiros masivos.
¿Y México, apá? La COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) ha permanecido en silencio. No ha emitido alertas, no ha iniciado retiros ni ha exhortado a revisar equipos. Esta omisión permite que cientos o miles de respiradores defectuosos sigan usándose en hospitales públicos y privados. No hay inventario, protocolos de revisión ni mecanismos de sustitución. En un entorno donde el sistema ya estaba debilitado, esta inacción representa una amenaza directa a la salud de pacientes vulnerables.
A nivel global, Philips admitió el riesgo de cáncer por exposición prolongada. Un estudio con 2571 pacientes afectados entre 2014 y 2021 identificó un 4.6% de casos de cáncer relacionados con el uso de estos dispositivos. Además de los 561 fallecimientos reportados ante la FDA, se documentaron miles de casos de lesiones respiratorias, hepáticas y otros daños graves, como se detalla en el sitio oficial de la FDA: Philips Respironics Recall Updates.
Mientras tanto, en México seguimos sin una política sanitaria clara, sin autoridad reguladora eficaz y sin voluntad para enfrentar una situación de salud pública de escala internacional. COFEPRIS ha fallado en su misión fundamental: proteger a la población de riesgos sanitarios.
Las cifras están ahí. Los equipos defectuosos también. Lo que no está es la autoridad.
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