Hay que decirlo como es, sin rodeos ni anestesia: el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) no solo fracasó en su promesa central de insertar jóvenes al mercado laboral, sino que coincidió con un incremento alarmante en el consumo de drogas justamente entre la generación que pretendía rescatar. Desde que cientos de miles de jóvenes comenzaron a recibir dinero cada mes —una beca que pasó de 3600 pesos en 2019 a más de 8400 pesos en 2025¹— se dispararon las tasas de consumo de metanfetaminas y cocaína, dos de los motores químicos tan destructivos como la verdadera intencionalidad del propio programa, que nació como un salvavidas, pero terminó como un espejo que refleja la incapacidad del Estado para construir futuros tangibles.
Cuando el gobierno federal lanzó JCF en enero de 2019, el mensaje era casi mesiánico: rescatar a una generación olvidada, cortar el vínculo entre marginación y crimen, y construir una nueva fuerza laboral desde abajo. En los primeros anuncios, todo sonaba a justicia social y redención, pero no tardaron en surgir voces que señalaban el verdadero motor del programa: la construcción de una base electoral leal entre jóvenes de 18 a 29 años. No importaba si se capacitaban, si conseguían empleo o si desarrollaban habilidades; se trataba de una enorme fábrica de votos para Morena, reforzada con programas como la muy exitosa Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.
Seis años después —y con la realidad encima como la losa del Pípila—, los datos lo confirman. Es cierto que el programa tuvo méritos en su arranque, pues logró integrar a casi tres millones de jóvenes², sacar a muchos de la inactividad y brindarles un ingreso durante doce meses. Pero esa promesa inicial se evaporó pronto. Menos de uno de cada cinco aprendices consigue un empleo formal después de completar el año de capacitación³. El resto regresa al punto de partida: informalidad, desempleo o simple inactividad. ¿Capacitación? En demasiados casos, poco más que mano de obra barata presentada como política social.
Pero más allá del fracaso laboral, lo grave —aunque no se quiera admitir— es lo que ocurrió en paralelo, y se antoja difícil creer que sea mera coincidencia: mientras el programa repartía dinero a millones de jóvenes, el consumo de drogas entre ese mismo grupo etario explotó. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, al mismo tiempo que el consumo de alcohol se mantuvo estable⁴, la cocaína prácticamente duplicó su prevalencia desde 2019, y el cristal aumentó entre 800 % y 1000 % en varias regiones del país⁵.
Los centros de tratamiento lo confirman: los ingresos por metanfetamina están dominados por jóvenes de 18 a 29 años. Es decir, justo la población beneficiaria del programa.
Por si fuera poco, lejos de alejar a los jóvenes del crimen organizado, JCF coincidió con un aumento brutal de detenciones por delitos de alto impacto. Entre 2019 y 2022, los arrestos de jóvenes de 19 a 25 años crecieron 65%, y los del grupo de 26 a 29 años aumentaron 22.5%⁶. El mensaje inicial —«los jóvenes no son delincuentes»— se estrelló contra la realidad: la precariedad, la falta de oportunidades y el abandono institucional los siguieron empujando hacia el crimen. La beca no compitió contra el narco; durante un año le consiguió clientes.
A todo esto, se suma un agujero negro monumental: la ausencia de evaluaciones externas independientes, que midan el impacto. JCF es, hasta ahora, la política pública más costosa dirigida específicamente a jóvenes —con más de 115 mil millones de pesos acumulados hasta 2025⁷—, y pese a su magnitud, no cuenta con un estudio independiente que demuestre con rigor sus resultados. Ningún gobierno serio del mundo invertiría esta cantidad de recursos sin medir su impacto. México sí.
El programa terminó atrapado en una contradicción fatal: se diseñó como política laboral, pero se ejecutó como política electoral. Se presentó como una herramienta contra el crimen, pero ignoró por completo la crisis de adicciones. Se vendió como un puente hacia el futuro, pero se convirtió en un parche de doce meses sin continuidad, sin seguimiento y, francamente, sin evolución perceptible.
Y aquí está el punto central: los jóvenes no necesitan un año de beca. Necesitan movilidad social, salud mental, habilidades reales y caminos laborales perdurables. Nada de eso está en JCF. Nada.
En última instancia, Jóvenes Construyendo el Futuro se convierte en un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando un gobierno confunde acción con progreso, pensión con inversión y control electoral con bienestar social. Sí, millones de jóvenes recibieron apoyo durante un año, pero el país no ganó una generación más preparada, sino una más vulnerable, más adicta y peligrosamente cercana a las redes criminales.
Por patético que suene, nuestra juventud —lejos de dar el salto a la productividad— sigue siendo víctima de adicciones con el patrocinio del gobierno federal.
X: ferdebuen
1,2,3,7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 4 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2022 5 Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) e Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 2023–2024 6 Animal Político, 2023