En 2027 nuestro país y, en especial las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales enfrentaremos un enorme desafío ya que tendremos múltiples procesos electorales.
A nivel federal se estará renovando la Cámara de diputadas y diputados, a nivel local de manera concurrente, 17 estados de la República tendrán elecciones para elegir a la persona titular del Poder Ejecutivo local; en 31 entidades federativas se renovarán las legislaturas locales, así como se renovarán múltiples presidencias y miembros de los ayuntamientos y las alcaldías y concejales en la Ciudad de México.
Asimismo, se llevará a cabo la segunda etapa de la elección judicial para algunos cargos a nivel federal y la renovación de la otra mitad de las magistraturas de circuito y las juezas y jueces de distrito; esto es, en paralelo con las elecciones políticas tanto federales como locales señalados.
Como jurista y juez, sostengo que es indispensable que se realicen las elecciones judiciales en 2027, pues esto culminaría el rediseño institucional comenzado en 2025 y que es conocido como el nuevo Poder Judicial. No obstante, existen dificultades legales, organizativas y logísticas que refieren que la coincidencia de estas elecciones es riesgosa.
De la experiencia comparada, las democracias que han implementado mecanismos de elección judicial suelen escalonar los procesos; ahí tenemos los casos de Costa Rica, España, Estados Unidos e Italia, por ejemplo. En este sentido, México no debe ser la excepción si se quieren evitar errores que comprometan la certeza y legalidad de tan importante elección.
Que la elección judicial se realice a la par con las elecciones políticas federales y locales descritas traería diversas complejidades, entre otras, destaco las siguientes:
1. La elección judicial contiene criterios diferentes a las elecciones políticas, por ejemplo, para la validación de requisitos de elegibilidad, requisitos profesionales, promedios académicos, entre otros.
2. Existirían diversas complejidades en el reclutamiento y la capacitación de las y los funcionarios de casilla entre las elecciones políticas y las judiciales.
3. La realización de las elecciones federales implica, entre otras, la impresión de múltiples boletas federales y locales para distintos cargos que van desde gubernaturas, cargos legislativos y municipales. Agregar boletas judiciales con centenares de candidaturas generaría confusión en la ciudadanía y produciría errores en el ejercicio de la votación.
4. Las bodegas electorales que almacenan listados nominales, boletas electorales, y diversa documentación electoral, deben garantizar seguridad, acceso controlado y tiempos de distribución bajo criterios homogéneos. Las elecciones judiciales requieren criterios distintos, boletas diferenciadas y almacenamiento de expedientes. Mezclar ambos tipos de documentación en las mismas bodegas aumentaría el riesgo a errores de clasificación, impugnaciones por manejo inadecuado de material sensible, por destacar algunos.
5. Los cómputos en las elecciones políticas implican reconteos de votos, impugnaciones y sesiones maratónicas en los consejos distritales, por ejemplo. Añadir los cómputos distritales que, además, se registran una vez concluida la jornada electoral, en comparación con las elecciones políticas que empiezan el cómputo el miércoles siguiente a la jornada electoral, colapsaría la correcta operación de las autoridades electorales administrativas.
Lo óptimo para llevar a buen puerto tanto las elecciones políticas federales y locales, así como las elecciones judiciales con todos los elementos de certeza, legalidad, seguridad y transparencia, sería que el Legislativo analice la conveniencia de separar estos ejercicios.
En este sentido, una propuesta sería que algunos meses después de realizadas las elecciones políticas se lleven a cabo, en ese mismo año, las elecciones judiciales con el único objetivo de presentarle a la ciudadanía las mejores condiciones para el ejercicio de su derecho al voto.
Las elecciones judiciales son un proceso inédito, fundamental para la correcta operación del Poder Judicial y para el fortalecimiento del Estado de Derecho. La elección judicial necesita de toda la atención y condiciones para su óptima ejecución que exige una democracia como la nuestra.
Magistrado Electoral del TEPJF
