El proceso extraordinario que culminará el 1 de septiembre con la toma de posesión de los jueces elegidos popularmente en el Poder Judicial de la Federación y en 19 estados de la República continúa su curso. Actualmente, es posible presentar impugnaciones para expresar inconformidades sobre posibles irregularidades del proceso, utilizando los recursos legales disponibles. Más allá de esto, y de la futura toma de protesta de los nuevos juzgadores, es momento de analizar cómo mejorar este proceso para el futuro, ya que la próxima elección de jueces será en 2027, lo que significa que está a la vuelta de la esquina.
Este proceso electoral ha sido histórico debido a la falta de un precedente o paradigma. Nunca antes en la historia se había renovado un número tan significativo de cargos judiciales mediante el voto democrático. Por ello, debemos aprender de esta experiencia inédita e identificar todas las áreas de oportunidad para corregir errores y perfeccionar las futuras elecciones del Poder Judicial. De hecho, la elección de 2025 tiene la virtud de ser la primera de muchas, sentando las bases para consolidar el derecho de la ciudadanía a elegir a sus juzgadores. A continuación, presento algunos temas para la reflexión que podrían ser clave para una reforma al sistema de elección judicial.
Primero, debe enfatizarse aún más en la ley que el juicio de amparo no debe interferir con la materia electoral. Ningún amparo, en ninguna instancia, debe generar suspensiones o resoluciones definitivas que afecten el proceso electoral. Además, se deben establecer sanciones específicas para los juzgadores que incumplan esta disposición. De igual forma, debe quedar claro que la SCJN no puede intervenir en asuntos electorales bajo ninguna vía o concepto, y sus resoluciones no deben revocar ni modificar las del TEPJF. Esto es especialmente importante para evitar que el amparo, u otras vías procesales, sean utilizadas por los operadores judiciales en beneficio propio a través de sus sentencias, como se intentó durante este proceso electoral.
En segundo lugar, la cartografía electoral judicial necesita perfeccionarse. La eficiencia y efectividad del voto dependen de una distribución geográfica adecuada. Aunque el diseño utilizado en esta elección fue razonable dados los apremiantes tiempos constitucionales, es necesario replantear la conformación de los distritos judiciales electorales para que sean más lógicos, incluyentes y equilibrados. En la evaluación y selección de candidaturas, deberían eliminarse las tómbolas y priorizarse métodos que garanticen perfiles profesionales de los aspirantes. El azar no es un sistema óptimo para este fin. Debemos pensar en un sistema que valore los méritos mediante puntajes y elementos que diferencien la trayectoria de los aspirantes. Esto es particularmente relevante si consideramos que una nueva Escuela Judicial Federal podría establecer estándares objetivos de evaluación, que los tres poderes de la Unión podrían utilizar.
En tercer lugar, las reglas de las campañas deben ajustarse. Esta primera experiencia demostró que muchos aspirantes tuvieron dificultades para llegar a los votantes a través de redes sociales o propaganda en la vía pública. Sería valioso reflexionar sobre otros medios de difusión que, sobre todo, sean adecuados para un gran número de candidaturas y aseguren una estricta equidad. Además, debemos considerar si 60 días no es un periodo de campaña excesivamente largo, especialmente porque los topes de gasto son muy bajos y se ha prohibido todo tipo de financiamiento público o privado, salvo el personal. Finalmente, el escrutinio y cómputo de los votos también merecen reflexión, al igual que el diseño de las boletas, que resultaron ser muy complejas.
Es fundamental trabajar en un mejor diseño en términos de accesibilidad y eficiencia para nuestros procesos democráticos. Quizá sea el momento de aceptar plenamente el voto electrónico, ya sea mediante urna o un sistema digital. Esto facilitaría el cómputo, reduciría los costos y, sin duda, simplificaría la votación. El caso de la India —la democracia más grande del mundo— puede servir como modelo. Una comunidad electoral de más de mil millones de personas ha implementado eficazmente el uso de urnas electrónicas. Así, podríamos finalmente implementar el voto digital a través de una plataforma diseñada con tecnología asequible, segura y confiable, que permita recabar el sufragio ciudadano de forma automatizada y ofrecer resultados inmediatos y precisos.
Este método, además, permitiría incrementar el acceso a la votación y, por ende, fomentar una mayor participación ciudadana en este tipo de elecciones. Para lograr una mayor participación, es preciso establecer las condiciones institucionales necesarias que posibiliten la incorporación de más votantes que, en esta ocasión, no pudieron ser incluidos. Por ejemplo, se debe permitir la participación de personas en prisión preventiva o de mexicanos residentes en el extranjero. Todavía hay tiempo para realizar los ajustes necesarios que permitan aumentar la base electoral. Aunque no fue posible implementarlas en 2025, para 2027 es indispensable crear acciones afirmativas que garanticen que jueces y magistrados pertenezcan a grupos históricamente excluidos o en situación de desventaja. No hay duda de que estamos frente a un nuevo paradigma y que la elección popular del Poder Judicial es un modelo que llegó para quedarse. Por todo esto, y a partir de estas primeras lecciones aprendidas, es imprescindible implementar cambios que aprovechen el conocimiento y la experiencia adquirida, con la meta de consolidar el futuro de nuestros procesos democráticos.
Magistrado Electoral del TEPJF
