La incidencia del crimen organizado en elecciones es un factor que tenemos presente y del que se prefiere no hablar, al menos entre autoridades electorales. No obstante, tenemos la obligación de hablar del tema, simplemente porque está presente.
El crimen organizado busca incrustarse en el poder político con el único objetivo de obtener diversos beneficios económicos y materiales para lo cual, lleva a cabo la comisión de múltiples delitos de donde destacan las amenazas, el contrabando, la extorsión, el cobro del derecho de piso, el secuestro, entre otros aspectos que irrumpen la paz social de nuestro entorno.
En este sentido, ¿cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades electorales al respecto? De entrada, nuestra principal dirección son las atribuciones que tenemos conferidas en diversas disposiciones constitucionales y legales. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le compete el análisis de los medios de impugnación o denuncias formuladas para resolver conforme a derecho las controversias en materia electoral y, en particular, aquellas que se relacionan con la violación a los principios generales de la elección.
Si existieran los elementos probatorios jurídicos suficientes el Tribunal puede, desde anular la votación recibida en las casillas de un determinado número de secciones o de todo un municipio, por ejemplo; modificar el cómputo de una elección; o bien, decretar la nulidad de una elección, siempre que de manera cierta se establezca que los hechos comprobados incidan de manera determinante en el resultado. También puede declarar la validez de la elección ya que del análisis de los argumentos esgrimidos no se acreditaron las infracciones señaladas.
Por su parte, las autoridades electorales administrativas pueden revisar y fortalecer sus protocolos para prevenir riesgos de violencia electoral; la celebración de convenios específicos de coordinación con autoridades de seguridad, entre otras.
¿Qué no les compete a las autoridades electorales? Las competencias penales ni de seguridad púbica.
Por ello, debe existir una corresponsabilidad entre las autoridades electorales y las instancias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia para que, responsablemente se vayan materializando diversas acciones conjuntas que eviten la infiltración del crimen organizado en elecciones.
Debe sopesarse una reforma electoral futura que tome “al toro por los cuernos” que establezca mecanismos que impidan que se influencie negativamente la voluntad de la ciudadanía por estos grupos criminales.
A mí se me ocurre para esa reforma electoral, explorar mecanismos de voto anticipado; otras vías de ejercer el sufragio (correo postal o internet); en algunas elecciones sólo permitir campañas digitales; un filtro conjunto con otras autoridades que permita establecer que las candidaturas no tienen vínculos “problemáticos”; federalizar algunas elecciones locales por vía de una facultad de atracción preferente; crear un mecanismo de protección de candidaturas por vía de un botón de pánico y la posibilidad de presentar demandas o denuncias electorales de manera anónima.
Bajo este contexto, hoy no podemos callarnos, hoy tenemos que hablar responsablemente de aquel tema que nadie quiere hablar, con la finalidad de preparar el terreno para lograr, desde el ámbito de nuestra competencia, elecciones libres, equitativas, con certeza, en condiciones de libertad e igualdad para que el ejercicio del voto siga siendo la única y máxima expresión en la renovación del poder público.
FELIPE DE LA MATA PIZAÑA
Magistrado electoral del TEPJF
