Pregunta a un académico brillante, que ha ocupado responsabilidades importantes en el servicio público, y a quien conozco desde hace años.
Con comedimiento la pregunta formulada. Me refiero a la solicitud de orden de aprehensión gestionada por la institución que preside, en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, por considerarlo ficticiamente, autor del segundo disparo que hace 31 años, recibió el entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta en la ciudad de Tijuana.
Solicitud obsequiada, sin existir elementos para haberse dictado, por un Juez Federal, al que hay que ver con cuidado, el licenciado Daniel Marcelino Niño Jiménez. Esperemos que el Presidente de la Corte sea vigilante de la actuación del juez, pues ha mencionado su preocupación de que las resoluciones sean justas, y respetuosas de los derechos humanos, nos den tranquilidad y no nos provoquen el miedo que invade cuando se mira que la justicia está al servicio de la política, como en este caso concreto.
No fue apegada a Derecho la solicitud de orden de aprehensión formulada por la Fiscalía. Ya se había solicitado en tres ocasiones anteriores y había sido negada por considerarla infundada. Incluso un Tribunal Colegiado, cuando acudió ante él la Fiscalía a quien se le había negado la orden de aprehensión, confirmó esa negativa.
Como lo afirmé, estamos viendo a la administración de Justicia, a través del Juez Niño Jiménez al servicio de la política. Prefirió encarcelar a un hombre inocente, con tal de congraciarse con la Fiscalía de la República.
Qué grave, doctora Sheinbaum probablemente si conoce de este caso; como universitaria y humanista evite estas insólitas injusticias.
Usted lo sabe Señora Presidenta, esta decisión que tiene en la cárcel a quien no debe estarlo, se generó en una más de las muchas decisiones absurdas de su antecesor, que buscó reabrir una investigación concluida, y en donde un antecesor del actual Fiscal de la República, Diego Valadés, declaró que solamente había habido un tirador en ese magnicidio.
Posteriormente un Fiscal de este caso, después de una investigación exhaustiva y admirable por su imparcialidad, seriedad y orientación científica, Luis Raúl González Pérez, llegó a la misma conclusión, tal como lo declaró el propio autor material que se encuentra compurgando su pena, Mario Aburto Martínez, quien reconoció haber sido el autor de los dos disparos.
Pero, con todos esos antecedentes, se solicitó una nueva orden de aprehensión y se dictó un Auto de Formal Prisión.
Como nuevas pruebas se dijo que el ahora detenido, estaba al lado del candidato “semiflexionado” y por eso no aparecía en el video. Argumento aceptado por el Juez y así pudo disparar un arma; otra prueba que ya había sido desechada es que Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto, declaró en 1998, que a su compañero lo había ido a visitar a la fábrica un hombre, y el 27 de junio de 2023, 29 años después, cuando le mostró el Ministerio Público una fotografía de Sánchez Ortega, dijo que era la persona que lo había visitado en la fábrica. Cuando se presentó ese “reconocimiento” en enero del 2024, el Juez Jesús Chávez Hernández a quien se le solicitó un orden de aprehensión, la negó por considerar que era una prueba inducida.
Así mi pregunta respetuosa estimado Alejandro, y mi igual respetuosa petición a nuestra Titular del Ejecutivo Federal y al Presidente de la Suprema Corte.