No voy a referirme a Carlota, la joven esposa de Maximiliano, a quien hemos de agradecer la planeación y construcción del ahora Paseo de la Reforma, que se dice mandó se hiciera para ver el momento en el que su esposo salía de Palacio con rumbo al Castillo de Chapultepec donde vivían.
Su interés se debía a que al advertir que en un tiempo breve llegaría a Chapultepec, debería interrumpir el encuentro que tenía con quien era el jefe de su escolta, Van Der Smissen. Con él tuvo un hijo, que incluso el general Charles de Gaulle llegó a mencionarlo en su visita a México, un hombre que llegó a ser militar destacado del ejército francés, el general Maxime Weygand.
Pero no voy a hablar de esa Carlota, que tuvo que abandonar nuestro país cuando estaba embarazada y no deseaba que fuera descubierta.
A quien he de referirme será otra señora que ahora se encuentra privada de su libertad en el Estado de México, por ser considerada responsable de dos homicidios. Se le imputa que privó de la vida a dos personas que al parecer habían invadido su casa.
Su comportamiento obviamente violento obedece no solo a su deseo de recuperar un bien de su propiedad sino, al parecer, según lo han revelado los medios, que previamente a su arribo en donde se encuentra su casa, fue a pedir el auxilio de la policía, mismo que no se lo dieron y entonces se dirigió con dos de sus hijos a expulsar de su propiedad a quienes la estaban ocupando.
Se comenta también que al bajarse de su automóvil, escuchó un disparo proveniente de su propiedad y que le había sido dirigido a ella, y fue entonces cuando ella disparó en contra de las personas que se encontraban en su casa.
Según nos hemos enterado por la difusión que se le ha dado a este hecho, fue el jueves cuando se decidió su situación jurídica; su abogado estuvo arguyendo “legítima defensa” y con esa hipótesis la ha defendido. Sin embargo, es difícil aceptar que se presentó esa causa de justificación para haber actuado.
Estimo que los requisitos exigidos en el Código Penal del Estado de México, que es el que debe aplicarse, no se satisfacen de acuerdo con lo que señala el artículo 15 de ese ordenamiento, como tampoco el llamado “estado de necesidad” que es otra excluyente de responsabilidad.
Pero las personas que estaban afuera de los tribunales en Chalco aguardaban una resolución que no privara de su libertad a doña Carlota, como presunta responsable del delito de homicidio calificado. Ahora bien, a pesar de lo que he afirmado, en lo personal considero es saludable que se le conceda la libertad.
Lo sucedido en Chalco revela el hartazgo de la población ante la inseguridad que se vive en el país y no solo en ese municipio, y lo más grave es que ante esa falta de confianza de la sociedad, tenemos autoridades que buscan no intervenir, y dejar que las cosas sucedan sin tener participación alguna.
Esta irresponsabilidad de la autoridad no es gratuita, es justificada. Muchas veces su participación, y más si intervinieron de manera violenta, va a ser sancionada por la corporación a la que pertenecen. Muchas veces se persigue y castiga más a los policías que a los delincuentes. La verdadera fuerza de los delincuentes tiene su origen en el sexenio pasado, en él tenemos las causas reales de lo que vivimos en el ámbito de la seguridad pública.
Queremos los mexicanos que nuestro México sea un espacio en el que no únicamente predomine la paz, sino también se combata con severidad a los delincuentes, quienes ya tuvieron seis años en los que su voluntad estaba por encima de las leyes y disponía de la complacencia de las autoridades.
Profesor. Facultad de Derecho UNAM