Desde su creación en 1990 en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una misión esencial en la vida democrática del país: actuar como contrapeso del poder público y como garante de la protección de los derechos fundamentales de todas las personas frente a actos de autoridades que —voluntaria o involuntariamente— vulneran esos derechos.
¿Pero quién nos protege cuando incumple esta misión? ¿Qué sucede cuando acudimos a la CNDH en busca de amparo y su actuación termina profundizando nuestra vulnerabilidad?
Hace dos años presenté una queja ante dicha institución y sigo sin recibir una respuesta. Cada vez que he buscado conocer los avances, la situación se repite: el caso pasa de un área a otra, los tiempos de respuesta parecen escapar al control de quienes atienden y la resolución puede tardar varios meses.
En este prolongado e incierto periplo dentro de la institución encargada de velar por mis derechos —y los de todas y todos los mexicanos—, me he enfrentado a un nivel adicional de vulneración que refuerza la sensación de indefensión: el abandono de una institución que se muestra insensible y no acompaña a las víctimas. En estos dos años jamás me buscaron ni recibí información sobre el caso, salvo cuando yo insistí.
El daño que esto provoca no solo es legal o moral, es también social: daña a una sociedad que ha debido aprender a convivir con el abuso, a no quejarse o no denunciar por falta de confianza y expectativas, y a no defenderse porque incluso quienes deberían interrumpir esta cadena de injusticias se convierten en un eslabón más. La CNDH actual refuerza la percepción de que, en México, vivir implica resignarse frente a los abusos.
Mientras Rosario Piedra, presidenta de dicha comisión, presumió insistentemente en su última comparecencia haber “emitido recomendaciones en solo semanas”, o que “la CNDH se ha consolidado como una de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con mayor cobertura, productividad y eficiencia de todo el mundo”, la experiencia tangible evidencia una realidad muy distinta.
Mi madre falleció en el hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, el mismo día en que estaba prevista su alta. Había ingresado por un dolor abdominal del que ya se había aliviado; sus niveles se mantenían en rango y no hubo un deterioro progresivo que explicara su muerte. Sin embargo, la saturación del área de urgencias —que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, alcanza al 74.4% de los usuarios del ISSSTE y al 79.2% del IMSS— impidió que recibiera la atención constante que su propia ficha de enfermería indicaba como necesaria.
Durante los ocho días que permaneció en el hospital nunca fue trasladada a piso. Además, las hojas médicas recuperadas contienen múltiples incongruencias: el informe de enfermería del día de su fallecimiento está incompleto; el expediente no identifica al responsable de urgencias ni incorpora las tomografías que le realizaron, que conseguimos posteriormente, en las cuales se evidencia la ausencia de infección o sepsis, pese a que la causa oficial de muerte fue registrada como choque séptico.
Son muchos los caminos que se abren ante una situación así y muy poca la energía y las ganas para transitarlos, pero después de considerarlo y dadas las numerosas inconsistencias del caso, decidimos luchar al menos por el derecho a la verdad y por una recomendación oficial que obligue al hospital a revisar protocolos, capacitar al personal y que garantice la no repetición, para que otras familias no tengan que pasar por una situación similar. Por ello, iniciamos una queja ante la CNDH.
Lamentablemente, cuando la burocracia encargada de defendernos se interpone entre las víctimas y la justicia, la garantía legal termina convirtiéndose en una forma de revictimización institucional. En estos dos años no solo prescribió nuestro derecho a recurrir a otras vías de defensa, como la civil o la administrativa; también se vulneró nuestro derecho a obtener una respuesta en un plazo razonable. Y, lo más grave, durante todo ese tiempo otras personas han podido quedar desprotegidas y expuestas a riesgos similares.