En el contexto de violencia que se vive en Sinaloa, esta semana circuló un video en el que le preguntan al general de división Francisco de Jesús Leana, comandante de la Tercera Región Militar, ¿cuándo se regresará a la normalidad? El militar respondió que quieren que suceda lo antes posible, pero que no depende de ellos sino de grupos criminales antagónicos que se confrontan entre sí. Dos días después, el presidente Obrador calificó al gobierno de Estados Unidos como corresponsable de la ola de violencia, señalando que ellos hicieron un acuerdo con uno de los grupos criminales en Sinaloa (refiriéndose a los Chapitos) para llevarse a un personaje del grupo adversario (refiriéndose a El Mayo Zambada) sin informar al gobierno mexicano, desatando inestabilidad y confrontación en dicha entidad. En el mismo contexto, hizo un llamado a los “Mayos” y “Chapitos” a actuar con un mínimo de responsabilidad.
Según nuestra Constitución, “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”. Como ciudadanos, lo mínimo que esperamos de nuestras autoridades en materia de seguridad es que tengan clara cuál es su responsabilidad y que nos garanticen la protección que mandata la ley.
La singular declaración del general Leana preocupa, sobre todo, porque parece una indiscreción involuntaria que evidencia la falta de estado de derecho en algunos lugares del país. Es inquietante escuchar a quien está a cargo de la seguridad, decir que sus buenos deseos están con la población, pero que no es apto para garantizar la protección y la estabilidad. Resulta paradójico que la misma semana de las declaraciones del general, la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional a la Sedena, con amplias atribuciones y fuero militar.
La pugna entre las facciones del Cártel de Sinaloa, lideradas por los Chapitos y El Mayo Zambada, tras la captura de este último y ante el supuesto papel de Joaquín Guzmán López en la detención, ha resultado en más de 40 asesinatos en las últimas semanas. Asimismo, la dinámica social ha sido alterada y la población vive bajo un toque de queda no oficial, reflejado en escuelas vacías, calles desiertas, negocios cerrados y hasta la cancelación de las celebraciones del 15 de septiembre.
Los dichos del presidente AMLO, por su parte, se enfocan en la presunta injerencia del gobierno norteamericano en la estrategia de seguridad nacional en México, y la consecuente corresponsabilidad externa por el repunte de la violencia en Sinaloa. Aceptando, sin conceder que eso sea verdad, elude la responsabilidad del estado mexicano frente al control que han consolidado los grupos criminales en nuestro territorio, capaces de desestabilizar comunidades, municipios y estados con extraordinaria facilidad.
Tiene razón el Presidente mexicano cuando dice que capturar a los líderes de los grupos criminales no resuelve la situación de inseguridad. También la tiene al indignarse por las acciones unilaterales de Estados Unidos (especialmente las que ocurren en territorio mexicano). Donde se queda corto, es en no ofrecer una solución efectiva para atender la situación.
Diversas zonas de nuestro país ameritan una atención especial y diferenciada en el diseño e implementación de la próxima estrategia de seguridad, misma que debe contar con un enfoque regional, problemático y contextual. Al respecto, la colaboración bilateral en materia de investigación e inteligencia es fundamental, ojalá que nuestra futura Presidenta consiga llegar a nuevos acuerdos con quien resulte ganador en las elecciones estadounidenses y el panorama y la colaboración bilateral en seguridad empiece a cambiar y dar mejores resultados.
@EuniceRendon
