Donald Trump regresa a la Casa Blanca con un renovado apoyo popular, sin nada que perder y con un discurso más radical que nunca. Su triunfo implica retos importantes para el gobierno mexicano, tanto por las formas frontales y poco diplomáticas del personaje, como por el fondo de sus políticas y deseos. México se enfrenta a una relación bilateral con un vecino dispuesto a imponer su agenda sin concesiones.
Además de la migración, Trump amagará fuertemente con los temas de narcotráfico (fentanilo) y crimen organizado. Hay algunos republicanos que incluso han calificado a estos grupos como “terroristas”, lo que podría marcar el inicio de una nueva narrativa intervencionista en medio de una relación desgastada en materia de cooperación en el tema de seguridad. Trump ha amenazado directamente al gobierno mexicano con imponer aranceles si no se detiene la migración y lo hará ahora también, con el flujo de drogas. El día de ayer, en entrevista con NBC News, anticipó que su primera acción como presidente será cerrar la frontera a los indocumentados y lanzar una guerra contra los narcos. Por otro lado, aunque es cierto que las políticas migratorias de Obama y Biden fueron restrictivas y perjudicaron a la población migrante, y que tanto ellos como Trump, deportaron a muchas personas, la realidad es que existen importantes diferencias a señalar. En primer lugar, las formas de los demócratas cambian radicalmente con las del republicano. El lenguaje agresivo y racista de Trump tiene consecuencias tangibles. Su discurso conecta con los miedos de muchos estadounidenses y con el racismo de otros, lo que se traduce en un aumento de la violencia. Según informes del FBI, los crímenes de odio en contra de migrantes, principalmente latinos, aumentaron casi un 20% durante su anterior administración, alcanzando su nivel más alto en 28 años.
En segundo lugar, tanto el perfil de las personas deportadas como el tipo de delitos por los que se les expulsa son distintos. Trump modificó las prioridades de deportación para incluir no solo crímenes graves, sino faltas administrativas y delitos menores. Implementó revisiones en el interior del país, en contraste con el enfoque tradicionalmente aplicado por los demócratas, centrado principalmente en la franja fronteriza. Esto llevó a la puesta en marcha de puntos de revisión aleatorios y citatorios del ICE que derivaron en la detención de miles de personas. Se realizaron arrestos incidentales mediante redadas en domicilios y comunidades habitadas por personas indocumentadas, lo que puso en la mira no solo a quienes acababan de llegar al país, sino también a aquellos que llevan años o incluso toda su vida en Estados Unidos. La niñez migrante también enfrentó mayores abusos y una amenaza constante.
Trump se presenta esta vez con más poder que nunca. Además del control republicano del Senado y probablemente también de la Cámara de Representantes, cuenta con menos trabas en el Poder Judicial. No hay que olvidar que muchas de sus ocurrencias, y políticas extremas de su primer periodo, fueron frenadas por cortes federales y la Corte Suprema. Sin embargo, se encargó de colocar a muchos de los jueces federales y a tres del tribunal supremo. Durante este mandato podrá nombrar a 2 más, lo que facilitará la implementación de políticas más restrictivas y perjudiciales para los migrantes. También se van a complicar los casos de refugio pendientes, particularmente los relacionados con la protección de mujeres víctimas de violencia doméstica y se endurecerán los requisitos para la obtención de asilo. Además, Trump prometió que fortalecerá la política de “desnaturalización”, con la que pretende despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados e incluso quitar la ciudadanía a hijos de personas indocumentadas. Todo esto genera una sensación de inseguridad y temor en un sector ya vulnerable. Así que la protección y apoyo desde la red consular mexicana y aliados será fundamental.
En suma, entre la soberanía y la realidad de la relación bilateral, el gobierno mexicano se enfrenta a un periodo de cuatro años difíciles, en los que las tensiones sobre migración, seguridad y economía pondrán a prueba su capacidad de negociación.