Las muertes de personas migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), más que casos aislados, reflejan un patrón preocupante en el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. En 2025 se registraron 31 fallecimientos —la cifra más alta en dos décadas— y, en lo que va de 2026, ya suman 14 muertes, dentro de un sistema que mantiene cerca de 60 mil personas detenidas.
Con 14 connacionales fallecidos en centros de detención o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), representan el 35% del total de muertes registradas, en un contexto en el que más de 177 mil mexicanos han sido detenidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
Al menos cuatro de estos casos —incluido el de Royer Pérez Jiménez, de apenas 19 años— han sido clasificados como “suicidios” en instalaciones señaladas por denuncias de condiciones insalubres, negligencia médica, deficiencias en la atención de la salud mental, aislamiento, abusos y falta de acceso a una defensa legal. Este entorno, sumado a casos recientes que evidencian posibles inconsistencias en la información oficial —como el de José Guadalupe Ramos-Solano, quien murió tras ser encontrado inconsciente en el centro de Adelanto, California, o el de Alberto Gutiérrez Reyes, quien falleció después de reportar dolor en el pecho sin recibir atención médica—, obliga a examinar con especial cautela las versiones institucionales y a profundizar en el esclarecimiento de los hechos para garantizar el acceso a la verdad.
Como parte de su respuesta, el gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas por cada uno de los casos y anunció que presentará un escrito en calidad de amicus curiae en la acción interpuesta contra el centro de detención de Adelanto, California, por el despacho legal Public Counsel, en la que se documenta un patrón sistemático de negligencia médica.
De manera paralela, México anunció que promoverá una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar estas violaciones y activar los mecanismos internacionales de protección. No obstante, dado que Estados Unidos no es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que, especialmente durante la administración de Donald Trump, ha mostrado un marcado desdén hacia los mecanismos internacionales y la diplomacia, el alcance de estas acciones resulta limitado. Por ello, es indispensable complementar esta estrategia con otras medidas, como avanzar hacia una respuesta coordinada en bloque con otros países cuyos ciudadanos también han sido afectados y sobre todo se deben impulsar litigios estratégicos en cortes federales estadounidenses, que en la práctica han demostrado ser la vía más efectiva para frenar medidas migratorias violatorias de derecho.
Algunos ejemplos del papel que han tenido las cortes estadounidenses para frenar medidas federales ilegales incluyen el intento de eliminar el programa DACA, que fue bloqueado por tribunales tras múltiples demandas; la política de separación familiar en la frontera, que llevó a órdenes judiciales para detener estas prácticas y reunir a niñas y niños con sus familias; y, más recientemente, el caso del centro de detención conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en Florida, donde una jueza federal ordenó frenar su expansión y operación tras demandas que evidenciaron graves irregularidades.
Ojalá la reciente designación de Roberto Velasco como secretario de Relaciones Exteriores, dada su experiencia en la Subsecretaría para América del Norte y su conocimiento de la relación con Estados Unidos, sirvan para ampliar las vías de protección y defensa legal, además de garantizar un acompañamiento más efectivo a la comunidad mexicana en ese país, justo en un momento en que los riesgos y desafíos continúan creciendo.
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