Hace un par de días, el tribunal supremo de Estados Unidos, con 6 votos contra 3, aprobó la entrada en vigor de la Ley Antiinmigrante firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el 18 de diciembre pasado. Sin embargo, horas más tarde, un tribunal federal de apelaciones volvió a bloquearla, en tanto continúe el juicio en los tribunales federales.
La polémica ley prevé la detención y eventual deportación de migrantes por parte de autoridades locales, sin precisar con claridad la manera en la que va a operar y sin contemplar ningún tipo de capacitación en la materia. No queda claro, por ejemplo, cuáles serán los criterios para sustentar la “sospecha razonable” de que una persona haya cruzado de forma indocumentada la frontera, lo que aumenta el riesgo de arrestos a partir del perfil racial, en un estado en el que 40% de la población es latina. Desde el momento de su publicación, la Ley SB4 fue impugnada por diversos actores, entre ellos el gobierno federal de Estados Unidos al considerarla inconstitucional, pues las facultades en materia migratoria corresponden a la Federación y no a los estados.
Vale la pena recordar que, durante su presidencia, Donald Trump cumplió con su promesa de nombrar jueces conservadores. El 30% de los jueces que hoy ejercen en las cortes federales, así como tres de los nueve jueces de la Corte Suprema forman parte de estos nombramientos. De ahí que la mayoría conservadora haya votado a favor de esta ley; sin embargo, al margen de su ideología, la decisión del máximo tribunal de EU de implementar la ley antiinmigrante sorprende por al menos dos motivos: el primero, que los precedentes en casos similares han siempre sostenido la tesis de que la política migratoria del país corresponde a la Federación y no a los estados. Un argumento de peso en este sentido es que el tema migratorio afecta las relaciones entre EU y otros países, repercutiendo directamente en sus relaciones diplomáticas, comerciales y en la economía nacional. El segundo, que la Ley SB4 prevé la deportación no sólo de mexicanos, sino de indocumentados de otras nacionalidades a nuestro territorio. Esto no sólo es inconstitucional, sino que viola el deber de respetar la independencia y soberanía de nuestro país.
También llama la atención la falta de consenso de las policías locales sobre la aplicación de esta ley. Se han dividido entre aquellas que respaldan la legislación federal que antepone los derechos de las personas, como es el caso de la policía de Dallas; y aquellas que ven la Ley SB4 como un sustento legal válido para detener a cualquier individuo que pueda encontrarse de forma ilegal en el territorio estadounidense, como es el caso de instituciones policiacas de algunos condados en San Antonio. Lo único claro es que este conflicto de leyes, además de alterar la tranquilidad de la población migrante y latina, ha generado incertidumbre respecto a la operación misma de la ley y la manera en la que deben actuar los policías desplegados en el estado de Texas.
En lo que respecta a las propuestas y acciones xenófobas y erráticas del gobernador Greg Abbott, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la canciller Alicia Bárcena, ha manifestado de manera enfática su rechazo a cualquier medida antiinmigrante que permita a autoridades locales de EU detener o retornar a nacionales o extranjeros a nuestro territorio, así como en su momento lo hizo con el tema de las boyas en el río Bravo.
Mientras el tema migratorio genera cada vez mayor polémica y disputas entre republicanos y demócratas en los prolegómenos de las elecciones en EU, en México existe la necesidad, cada vez más urgente, de que el tema migrante se aborde desde una perspectiva mucho más integral e inteligente. Tenemos que estar preparados para el posible regreso de Trump. La mirada regional de la política migratoria mexicana requiere de la cooperación renovada de los gobiernos de países expulsores y del gobierno estadounidense. Esperemos que el clima de xenofobia, racismo y polarización que ha generado la contienda electoral en EU termine pronto. Mientras esto suceda, estaremos expuestos a la posibilidad de otros reveses judiciales que confieran vigencia a la SB4 o a cualquier otro mecanismo que viole los derechos humanos de personas en movilidad.
