En un spot que parece más un espectáculo televisivo que una política pública, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, promociona “Alligator Alcatraz”, el centro de detención para migrantes que se construye en los pantanos de los Everglades y cuya apertura está prevista para los primeros días de julio. Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia encabezada por el gobernador Ron DeSantis para alinearse con los planes de Donald Trump, que buscan ampliar la capacidad nacional de detención migratoria a 100,000 camas. A este primer centro se suma ya el anuncio de una segunda instalación en Camp Blanding, al noreste del estado, en una escalada de políticas antimigrantes que priorizan la mano dura y el castigo.
Si bien estas medidas no han demostrado ser eficaces ni desde el punto de vista práctico ni económico, su propósito principal es enviar un mensaje contundente que normaliza la violencia, refuerza estigmas y endurece el trato hacia las personas migrantes. Son políticas que priorizan la crueldad, la desinformación y el espectáculo por encima de la legalidad, los derechos humanos y el sentido común.
La idea de construir cárceles que no dependan exclusivamente de muros físicos no es nueva. Por ejemplo, Alcatraz utilizaba como principal barrera la fría y turbulenta agua de la bahía de San Francisco. De manera similar, diversos centros de detención en regiones remotas como Siberia, la Patagonia o incluso Mulegé en Baja California Sur han aprovechado el aislamiento geográfico y las condiciones climáticas extremas como elementos disuasorios para evitar fugas.
La “Alcatraz de los lagartos” alude, por un lado, a la emblemática prisión-isla de máxima seguridad en Estados Unidos, y por otro, evoca la imagen de los caimanes como guardianes temibles que en el imaginario colectivo se asocian con la protección de castillos medievales a través de la disuasión. De acuerdo con su artífice, las cárceles están al límite de su capacidad y es necesario contar con más espacio, de ahí la idea de construir este centro, que asegura será de bajo costo, ya que, en sus palabras, será la propia naturaleza la encargada de actuar como mecanismo de confinamiento.
La prisión, que contará con 5,000 camas para migrantes va en línea con otras amenazas como el envío de migrantes al CECOT en El Salvador o Guantánamo. Además, contribuye a aumentar el temor de las comunidades al tiempo de reforzar el racisimo y la xenofobia en contra de personas migrantes. La iniciativa, que tendrá un costo diario de 245 dólares por cama y un gasto anual estimado en 450 millones de dólares, será financiada en su mayor parte por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
El proyecto ha provocado las críticas de demócratas y ambientalistas. Por un lado, se cuestiona el uso discrecional de poderes de emergencia, que permite avanzar sin el debido debate legislativo, además que Florida ha ofrecido 20 millones de dólares por terrenos que podrían valer hasta diez veces más. Por otro lado, su ubicación amenaza un ecosistema de humedales vital para el equilibrio ecológico y climático, que además alberga una gran biodiversidad.
Entre enero y junio, la población detenida por ICE aumentó en un 44 %, pasando de 39,000 a 56,000 personas, lo que refleja la creciente presión sobre un sistema de detención que privilegia la expansión punitiva sobre las soluciones estructurales. La prisión en Miami remite a una antigua tradición: la del castigo como espectáculo público. Más que resolver un problema de forma eficaz, lo que se busca es enviar un mensaje de miedo. Recuerda al Coliseo romano, donde la violencia servía para entretener y afirmar el poder del Imperio, o a los castigos ejemplares del medioevo. Su función no es práctica, sino simbólica: en un entorno hostil y con la imagen intimidante de los cocodrilos, se escenifica la dureza del sistema. Es un teatro del poder que usa el sufrimiento como forma de control. El objetivo no es solo encerrar, sino hacer visible el castigo, convertirlo en advertencia.
@EuniceRendon