Poco se habla de la seguridad privada en México, a pesar de que nuestra relación con quienes están a cargo de ella es mucho más cotidiana que la que tenemos con los agentes encargados de la seguridad pública. Mientras esta última está a cargo del Estado, la seguridad privada es operada por individuos o empresas y complementa al sistema de seguridad pública, abordando nuevas amenazas y protegiendo intereses particulares y empresariales.
Quienes viven en un edificio con seguridad, ven a los guardias todos los días al entrar y salir de casa, también es común encontrarlos en la entrada de supermercados, comercios, lugares de trabajo o bancos. Están a cargo de la protección, vigilancia, y custodia de personas, información y bienes en distintos espacios de nuestra vida diaria. Confiamos en que su presencia nos mantendrá seguros, sin preguntarnos si han sido capacitados, o si cuentan con las credenciales necesarias para desempeñar sus funciones.
Las empresas deben estar registradas ante la Dirección General de Seguridad Privada, cumplir con la normativa vigente, poseer licencias, autorizaciones y un número de permiso vigente. Sin embargo, esto no siempre sucede.
El crecimiento exponencial del sector de la seguridad privada, impulsado por el aumento de la inseguridad, no ha sido acompañado por un desarrollo normativo o institucional, ni por una supervisión efectiva. La Ley Federal de Seguridad Privada, promulgada en 2006, se ha quedado obsoleta frente a los desafíos actuales, dejando al sector sin un marco legal adecuado para garantizar su regulación y profesionalización. La seguridad privada se ha vuelto nicho idóneo para empresas que buscan el mayor margen de ganancias posible, a costa del bienestar de los trabajadores y de la seguridad de los usuarios.
No existe un censo unificado que integre los registros estatales y federales de las empresas de seguridad privada, ni un recuento del número de elementos que operan en este sector. Tampoco hay un inventario detallado de los vehículos, equipos, armas o perros utilizados por dichas empresas, ni un listado claro de las compañías reguladas. Además, se carece de información precisa sobre las evaluaciones y capacitaciones de su personal. La falta de coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal genera un vacío informativo que dificulta la supervisión y facilita la operación irregular de estas empresas.
Empresas como Semex Segurity de México operan al margen de la ley, dejando a los usuarios desprotegidos. En un caso en la CDMX, un vigilante de SEMEX participó en el robo de tres departamentos, forzando puertas y cerraduras para sustraer bienes de los condóminos que debía proteger. La empresa, lejos de asumir su responsabilidad, evadió a los afectados. Además, se descubrió que la administradora del edificio era también la dueña de la empresa, contratándose a sí misma en un evidente conflicto de interés. SEMEX acumula irregularidades como alta rotación de personal, guardias sin registro ni capacitación, malos tratos laborales, salarios miserables y jornadas excesivas. Esta falta de profesionalización, sumada a la ausencia de controles y supervisión, genera una falsa sensación de seguridad para los usuarios. Más grave aún, los guardias tienen acceso a las rutinas de los residentes, lo que puede convertirlos en una amenaza dentro de sus propios hogares.
Urge la expedición de la Ley General de Seguridad Privada, un mandato constitucional pendiente desde la reforma publicada en mayo de 2021, que otorgó al Congreso de la Unión las facultades necesarias para emitirla. Esta legislación podría homologar la normatividad en la materia, garantizando certeza jurídica tanto para las empresas como para los trabajadores y usuarios de los servicios. El Consejo Nacional de Seguridad Privada, como organismo clave en el sector, ha enfatizado la urgencia de esta Ley para establecer reglas claras. Urge mejorar la transparencia y profesionalización en los servicios de seguridad privada; este sector no puede seguir operando en la informalidad y la opacidad, los ciudadanos tienen derecho a confiar en quienes velan por su seguridad.
@EuniceRendon