En los últimos años la migración de menores ha alcanzado máximos históricos en América Latina y el Caribe. Si mundialmente la niñez representa menos que el 15% de la población migrante, en esta región alcanza el 25%. Cada vez son más los menores que se embarcan en un peligroso viaje hacia Estados Unidos, escapando de la pobreza, la guerra, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen.
Según el último reporte de La Infancia en peligro, de la UNICEF, en 2022, de los 250 mil migrantes que cruzaron la selva del Darién, 40 mil fueron niños; más de 60 mil han cruzado en los primeros ocho meses del 2023, siendo la mitad de ellos menores de 5 años. Por su parte, el CBP norteamericano estima que más de 149 mil niños cruzaron a Estados Unidos en el año fiscal 2021, y más de 155 mil en el 2022. En los primeros siete meses del 2023, han ingresado al país más de 83 mil. El caso de México no es menos dramático. Según la Unidad de Política Migratoria (UPM), el año pasado fueron detectados alrededor de 70 mil menores.
La niñez es el sector más vulnerable del fenómeno migratorio. Su experiencia en movilidad está marcada por el desarraigo y la adultez precoz, además de todos los peligros acrecentados por su edad: abusos, chantaje, discriminación, secuestro, reclutamiento y adversidades naturales. Las niñas y adolescentes migrantes son más propensas a sufrir abusos sexuales, violaciones y explotación sexual. Según la encuesta realizada por Plan International México en 2023, 7 de cada 10 niñas, adolescentes y mujeres migrantes han sido testigos de situaciones de explotación, violencia sexual y trata de personas durante su viaje.
En el caso de México, los menores se exponen a numerosos peligros, siendo uno de los más graves el reclutamiento del crimen organizado, con el objetivo de realizar actividades criminales en ambos lados de la frontera. Se exponen al trabajo esclavo, el tráfico de sustancias como “mulas”, las redes de explotación sexual, el sicariato, y el “coyotaje”. Este es el caso de los denominados “niños de circuito”, menores que lideran los cruces de indocumentados por la frontera. Este delito, castigable en ambos países, es improcedente en el caso de los menores de edad. Retenidos por un tiempo, posteriormente son liberados, por lo que pueden reiniciar el circuito, haciendo de este un negocio extremadamente rentable para las organizaciones criminales que los “emplean”.
Las legislaciones existentes no han logrado atender el problema correctamente. Ya en 2020 se publicó una reforma a diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en b. Se estableció que ningún menor debería ingresar en una estación migratoria, quitando así la custodia al Instituto Nacional de Migración. Consecuentemente, la atención a la niñez en contexto de migración pasó a ser atribución del DIF nacional. Sin embargo, según el propio informe de la UPM, dicho grupo aparece únicamente como “canalizado”, y en el 2020 y 2021, el DIF nacional sólo atendió al 28.6 y 59.9%, respectivamente, del total de niños, niñas y adolescentes migrantes que les fueron canalizados por autoridades migratorias, por lo que es presumible que buena parte de estos menores quedan en el limbo.
Debemos reconocer la atención de la niñez migrante como una emergencia nacional al tiempo de revisar las vías migratorias seguras y regulares para niños, incluidos mecanismos de reunificación familiar y refugio. También fortalecer procesos fronterizos y de recepción para atender adecuadamente a esta población. Es necesario poner en marcha mecanismos de protección para salvaguardar a la niñez migrante de la explotación y la violencia por parte de las organizaciones criminales. Los menores viajan guiados por sus circunstancias y con la idea de un futuro prometedor que lamentablemente no siempre alcanzarán.
