Entre los muchos frentes que se han abierto en este segundo mandato de Trump, uno de los más alarmantes es la reanudación de los centros de detención familiar para migrantes, que han derivado en detenciones prolongadas de cientos de niñas, niños y adolescentes, vulnerando la ley estadounidense, obligaciones internacionales y estándares de derechos humanos. Debido a su etapa de desarrollo y a sus necesidades específicas, toda decisión que involucre a niñas, niños y adolescentes debe regirse por el principio del interés superior de la niñez. Además, su detención solo es admisible conforme a la ley, como recurso excepcional y durante el menor tiempo posible.
En EU, la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes detenidos se sustenta en el Acuerdo Flores, que nació del caso de Jenny L. Flores, una menor salvadoreña que en 1985 fue detenida junto con adultos y en condiciones inaceptables. Desde 1997 establece reglas básicas: los menores no pueden permanecer retenidos por más de 20 días y deben estar en lugares seguros, limpios y adecuados para su bienestar.
Un informe de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reveló que cerca de 400 menores migrantes estuvieron ilegalmente detenidos por más de 20 días entre agosto y septiembre 2025, con casos que rebasaron los 5 meses. Además, abogados y familiares denuncian comida en mal estado, acceso limitado a agua potable, atención médica deficiente y falta de asesoría legal: un niño con sangrado ocular esperó dos días sin ser atendido, otro se fracturó el pie cuando un empleado dejó caer un poste de red de voleibol, y reportes de alimentos con moho y gusanos en el centro de Dilley, Texas.
Desde su primer mandato, Trump fue muy criticado por la manera en la que separó familias y maltrató a la niñez migrante, incluso utilizando jaulas. Desde entonces quiso eliminar el Acuerdo Flores para operar sin límites, pero los tribunales han bloqueado esos intentos.
Los abusos no son aislados, hay un patrón generalizado que sugiere una estrategia orientada a presionar a las personas a aceptar la deportación voluntaria, mediante prácticas cada vez más agresivas. La manera en que EU trata a las niñas y niños migrantes es parte de un cambio más amplio en la política exterior de Washington hacia América Latina, la reactivación de una visión hemisférica que busca reafirmar el dominio estadounidense en la región, lo que recuerda a la Doctrina Monroe. La securitización de la migración, los despliegues militares, presiones políticas y medidas de fuerza forman parte de una estrategia más amplia de poder y control regional.
En un contexto donde las detenciones de personas sin antecedentes penales han aumentado más de 2,000%, la narrativa oficial insiste en que las redadas se enfocan en criminales peligrosos. Se ha documentado una presión directa de altos funcionarios —como Stephen Miller— para obligar a las oficinas locales de ICE a alcanzar metas diarias de arrestos, más allá de cualquier criterio técnico o humano. La mayoría de los detenidos son hombres jóvenes que trabajan en sectores esenciales, muchos de ellos padres de los mismos niños que hoy permanecen en detención.
La Patrulla Fronteriza (CBP), por su parte, opera como una caja negra. No hay claridad sobre cuántas detenciones realiza ni qué ocurre con quienes son detenidos en las redadas. La presión migratoria se ha trasladado al interior del país, afectando a comunidades enteras y aumentando la incertidumbre sobre la protección de derechos mínimos.
En este panorama, la niñez es la población más vulnerable. Niñas y niños que no cometieron delito alguno, detenidos junto a sus familias o separados de ellas, son sometidos a un sistema que criminaliza y los expone a daños físicos y emocionales. La jueza Dolly Gee, encargada de supervisar el cumplimiento del Acuerdo Flores, tendrá una audiencia clave la próxima semana para decidir si la corte intervendrá nuevamente para frenar los abusos de ICE. Exigir el respeto al interés superior de la niñez y denunciar los abusos no es una agenda progresista, es una obligación ética.
@EuniceRendon