En el contexto de las recientes detenciones de 14 empresarios y marinos, incluido el vicealmirante Farías Laguna, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, escogió el desfile militar del 16 de septiembre para reconocer públicamente la existencia de corrupción al interior de la institución, comprometiéndose a hacer lo necesario para conservar la confianza que le otorga la ciudadanía. Señaló: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo”. No es un asunto menor: la Marina es la autoridad con mayor credibilidad en el país, con niveles de confianza que alcanzan 91%, según la última ENVIPE, publicada el día de ayer. Admitir fallas y exponer a sus propios cuadros implica un cambio drástico para las instituciones militares -o civiles- de nuestro país.
Más allá de las evidentes presiones de Estados Unidos en lo relacionado con el crimen organizado, y contrabando de combustibles, cabe reconocer los recientes avances como un logro del gabinete de seguridad. Las detenciones de mandos vinculados con el huachicol fiscal y con redes criminales en las aduanas marítimas —incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías y varios funcionarios aduanales en Tampico y Altamira— son un parteaguas.
No es la primera vez que vemos este tipo de acciones. La estrategia de depuración de Omar García Harfuch también ha alcanzado a exsecretarios de seguridad estatales, presidentes municipales y mandos policiales -que normalmente navegaban en la impunidad- señalados por corrupción o vínculos criminales. Por ejemplo, la reciente detención y extradición de Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco y colaborador cercano a Adán Augusto López, acusado de delincuencia organizada, o la operación “Enjambre” que llevó a prisión a más de una docena de directores de seguridad pública municipal, mostrando que la corrupción local es necesaria para el funcionamiento de las redes delictivas. Lo que parecían hechos aislados, hoy configuran un patrón que perfila una nueva estrategia de seguridad.
No cabe dudas que la presión de Washington ha jugado un papel central en este viraje. Los señalamientos de autoridades estadounidenses han sido un claro aliciente para que la presidenta Sheinbaum y Harfuch modifiquen la estrategia. Al tratarse de presiones externas y apremiantes, han logrado redirigir el modelo para dejar atrás la complacencia, sin confrontar ni descalificar la política de militarización de AMLO.
El reto ahora es doble. Por un lado, consolidar la confianza en la Marina y en las fuerzas de seguridad; por el otro, demostrar que no se trata solo de golpes aislados. El huachicol fiscal, con pérdidas estimadas en 500 mil millones de pesos, evidenció que la corrupción era estructural y de gran escala. No basta con encarcelar a unos cuantos, se requiere desmantelar las redes empresariales, políticas y criminales que permitieron durante años este saqueo.
Se anticipaba que sacar a los militares de los cuarteles para involucrarlos en tareas de orden civil tenía muchos riesgos. La entrega del control de aduanas a las Fuerzas Armadas en el sexenio pasado expuso a la Marina a intereses económicos y criminales, poniendo hoy en entredicho la confianza ciudadana que históricamente ha sido su principal activo. El índice de confianza en la Guardia Nacional, la corporación militar que más tiempo pasa en las calles cumpliendo funciones antes reservadas a civiles, descendió de 82.8 en 2020 a 79.9 en 2025. Al mismo tiempo, la percepción de corrupción en la misma corporación aumentó del 23% al 32.5% en el mismo periodo de tiempo.
El secretario Morales lo dijo en el desfile: “la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación”. Para preservar ese capital político, es imprescindible mantener la coherencia con el discurso, garantizar que las investigaciones sean exhaustivas y lleguen a todos los niveles, sin limitarse a mandos intermedios, y agotar todas las líneas posibles que permitan desarticular las redes de corrupción vinculadas al caso.
Las recientes detenciones son un paso positivo que debemos reconocer, sin embargo, aún queda mucho por hacer. Si de verdad se quiere romper con el patrón de impunidad que ha marcado la historia de las instituciones de seguridad, el gobierno deberá sostener el esquema hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga.
@EuniceRendon
