El pasado 25 de febrero, se presentó el número 28 de la colección ya clásica de Cuadernos de Transparencia que, desde la época del IFAI se han venido publicando y que el INAI ha retomado como uno de los legados de difusión de la cultura de la transparencia más importantes.
El número en cuestión corresponde al título Los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción: Pilares de la integridad pública, cuya autoría recae en la doctora Jacqueline Peschard, quien fuera también digna Comisionada Presidente del entonces IFAI.
Al hablar de integridad pública, sin duda, viene definitivamente a la mente el tema de la ética pública. Por supuesto, no podemos quedarnos en el ámbito de los imperativos categóricos de los que Kant nos habla en su maravillosa disertación sobre la moral y la razón práctica, sino en algo mucho más eficiente y si me lo permiten, más terrenal. Si la integridad pública es, a juicio de la autora de este cuaderno, el antídoto para la corrupción, se debe desarrollar un diseño institucional complejo con políticas públicas que permitan un combate efectivo contra la corrupción pública.
En buena medida, esa es la razón de ser de intrincar dos tipos de sistemas nacionales: el de transparencia y el de anticorrupción. No quiero dejar de señalarlo como en otras ocasiones: la transparencia con todo lo que ello implica (INAI, derecho de acceso a la información, recursos de revisión, organismos garantes locales, leyes de transparencia, etc.) no es, por sí sola, la instancia conceptual que permita borrar o abatir de un solo plumazo a la corrupción.
Sin duda, la transparencia y el régimen jurídico e institucional alrededor de ella es una herramienta indispensable que ventila el quehacer del Estado, y puede ser el punto de partida para señalar las inconsistencias de un actuar no apegado al Derecho y de algo más: de la corrupción. Pero hasta ahí cumple su labor la transparencia porque está hecha para eso.
Por ello, es que se requirió en nuestro país otra reforma que viniera a diseñar instrumentos, instancias y políticas públicas para combatir la corrupción y con ello se creó el Sistema Nacional Anticorrupción.
Debe reconocerse que los esfuerzos individuales en temas que deben configurar políticas de Estado resultan insuficientes por lo aislado de los efectos producidos. No reflejan un esfuerzo común, ni coincidente en la toma de decisiones. Si se quiere, en mucho se debe a la configuración de nuestro sistema federal tradicional.
El cumplimiento de lo exigido por un régimen de transparencia o el combate efectivo a la corrupción no pueden circunscribirse ficticiamente a las territorialidades de las entidades federativas o sobreponerse lo federal y lo estatal. Se requiere de un modelo de coordinación que ya ha dado resultados en otras materias, aún en entornos federalistas: esto es, el federalismo cooperativo.
Para poner un piso homogéneo se construyó el Sistema Nacional de Transparencia y para atajar la podredumbre de la corrupción se diseñó una manera coordinada para prevenir y para castigar la carencia de ética pública, el Sistema Nacional Anticorrupción.
Interconectar los dos grandes sistemas que buscan, por un lado, que la gente conozca y escrute las razones en la toma de decisiones públicas y por el otro, que se señalen y sancionen los actos de corrupción con una visión nacional, es un gran acierto. No puede ser de otra forma más que articular ambos Sistemas.
La transparencia nos permite en algunos casos conocer que hay malas decisiones que se sustentan en razones ajenas al interés público, pero el papel que ella juega no le da para perseguir y castigar. Sin embargo, el combate a la corrupción sí conlleva a la sanción y se vuelve una herramienta relevante para alejar el flagelo de la impunidad.
A lo anterior, quiero agregar algo que destaca la autora: no es un trabajo sólo de las instituciones públicas, pues hay que decirlo: no nos solapemos en el fuero interno. Si se quiere que esa interconexión de Sistemas funcione, debe existir un ingrediente altamente ciudadano en la discusión del tema y en la participación de estos sistemas. A final de cuentas, es a la ciudadanía a la que le interesa ejercer un derecho fundamental que sólo a ella le corresponde y es a la que le interesa que se combata la corrupción por todo lo que ello implica en perjuicio de esa ciudadanía.
La construcción de ambos Sistemas Nacionales son la respuesta institucional al establecimiento de políticas de Estado en los diversos rubros que comprenden dichos ejercicios de coordinación y colaboración y cuya finalidad esencial radica en generar esfuerzos contundentes, unívocos e integrales que rompan las deficiencias de acciones débiles, atomizadas y parciales.
No hay diseños perfectos, todos pueden tener fallas o defectos, el tema es que tan grandes son éstos para que evolucionen y mejoren o se vuelvan inoperantes y desaparezcan.
Apostemos por lo primero: fortalecimiento primero, y perfeccionamiento después.
