Peter Ferdinand Drucker dice que “innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya disponemos”. Y esa es la lógica para lo que nos sirve un gobierno electrónico, el cual se entiende como la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (las conocidas TIC’s) en el funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana para diseñar, desarrollar y ejecutar herramientas y entornos informáticos que permitan la comunicación efectiva para las gestiones y trámites que realiza la sociedad y el sector privado ante la administración pública.
Se habla entonces de una alternativa de interacción y gestión, de manera electrónica, entre las y los ciudadanos y los gobiernos en el más amplio sentido del término.
Una motivación central para la adopción y el uso de las TIC’s por parte del gobierno, es el mejoramiento de la eficiencia operativa de las instituciones y reducir costos de transacción entre ciudadanos y gobierno a fin de producir bienes públicos. El uso de TIC’s contribuye a la generación y distribución de bienes públicos, se utiliza para trámites y servicios –como en los registros públicos–, para generar estadísticas nacionales –por ejemplo, registros criminales, de justicia y educación–, por citar algunos.
Los beneficios de un gobierno electrónico son: transparencia y rendición de cuentas, mediante portales públicos; servicios en línea para gestionar trámites gubernamentales, que abaratan los costos y tiempos, pues están siempre disponibles; incentiva la participación ciudadana al posibilitar consultas y expectativas ciudadanas en temas de interés general; obliga a la capacitación y educación a distancia, a través de aulas virtuales y profesionaliza a funcionarios y usuarios.
En prospectiva el gobierno es capaz de prever problemas a futuro, con base en los datos y las tendencias actuales y, por ende, diseñar políticas públicas.
En una tan cacareada simplificación administrativa que ha pretendido todo gobierno, apostarle a una Administración Pública Electrónica favorece la reducción del costo y plazo de tramitación; aumenta el volumen de trámites realizados por los entes públicos, en favor de la ciudadanía; da certidumbre en los procedimientos; reduce trámites innecesarios; promueve una gestión digital de archivos; establece trámites y servicios en línea, que se traducen en un impacto contra la discrecionalidad, arbitrariedad y corrupción; aumenta el valor y mejora la prestación de servicios; y, mejora la capacidad de las instituciones en la producción de bienes públicos, etc.
Para poner dos ejemplos de esta utilidad. En primer lugar, el impulso de las firmas electrónicas que permita que los ciudadanos lleven a cabo trámites, servicios o procedimientos, cuyo certificado digital permita constituir sistemas de gestión de “identificación electrónica adecuada” (que garantice la protección de datos personales), capaz de ofrecer una cartera variada de servicios en los que se pueda efectivamente utilizar la herramienta. Y en segundo, el aspecto potencial del gobierno móvil como una extensión del gobierno electrónico y, en este sentido, ofrecer una variedad creciente de aplicaciones para equipos móviles tanto en línea como de manera telefónica.
Me quedo con esta frase de Steve Jobs que dice: “La innovación es lo que distingue al Líder de sus seguidores”.
Comisionado del INAI
