En una operación que marca un punto de inflexión en la cooperación de seguridad del 2026, las autoridades mexicanas y estadounidenses han concretado la entrega de Ryan James Wedding, un ciudadano canadiense y figura central del narcotráfico transnacional, junto con el fugitivo estadounidense Alejandro Rosales Castillo, ambos integrantes de la lista de los diez más buscados por el FBI.
Wedding, conocido bajo el alias de “El Jefe” o “The Giant”, no es un criminal ordinario. Su historial es tan atípico como alarmante: antes de liderar una red de tráfico de cocaína a escala global, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 como snowboarder. Tras su paso por el deporte, Wedding se transformó en un operador logístico de primer nivel que, según informes de inteligencia, dirigía una organización que transportaba toneladas de cocaína desde Colombia hacia México, con destino final en Estados Unidos y Canadá. No operaba de forma aislada; se le vincula directamente como un aliado estratégico del Cártel de Sinaloa, fungiendo como un puente clave para la distribución masiva de drogas en Norteamérica. Su red empleaba semirremolques para cruzar fronteras, moviendo cientos de millones de dólares y dejando a su paso una estela de violencia, incluyendo órdenes de asesinato contra testigos.
Lo que este episodio muestra es un atisbo de la gran capacidad de articulación internacional del narcotráfico y esta operación revela también el correcto funcionamiento de la reingeniería en la política exterior de seguridad de México emprendida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La captura de Rosales Castillo en Pachuca, Hidalgo, y la entrega voluntaria de Wedding tras una intensa presión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) a mi cargo, subrayan un compromiso renovado que se produce en un contexto de alta prioridad política, donde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado fortalecer el intercambio de inteligencia con el FBI y el Departamento de Justicia de EU que no debe leerse por tanto, como un acto de subordinación, sino como un despliegue de corresponsabilidad estratégica.
México y Estados Unidos comparten una frontera, pero más aún, comparten desafíos comunes en materia de seguridad, justicia y combate a la criminalidad transnacional. Frente a estos retos, nuestra convicción es que la cooperación no es opcional, es indispensable, y debe sustentarse en la confianza mutua, el respeto a la soberanía y la corresponsabilidad.
En este camino, la cooperación con el FBI ha sido y seguirá siendo un componente clave, particularmente frente a fenómenos como el tráfico de armas, la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos de alto impacto que no reconocen fronteras.
Ambos países tienen una oportunidad histórica para consolidar una cooperación moderna, transparente y eficaz, y la salida del territorio nacional de estos criminales lo demuestra.
Desde la Fiscalía General de la República refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada, con el fin de que la justicia sea una realidad tangible y compartida.