Los pueblos indígenas y afromexicanos han transitado por un largo camino de desigualdad que empezó con la violenta invasión española, la colonización de sus espacios, la destrucción de su cultura a manos de huestes y sacerdotes españoles y la consecuente evolución hacia una sociedad colonial basada en la explotación de los recursos naturales, un profundo clasismo y la esclavitud generalizada de las poblaciones originarias, tanto como de las personas de origen africano traídas para servir como esclavos.
Desde entonces, no obstante los avances logrados a través de los diferentes movimientos revolucionarios, las personas indígenas y afromexicanas han vivido en términos generales bajo el estigma de la discriminación y la pobreza.
Por esto y porque ellas y ellos son parte indispensable de nuestra rica y diversa mexicanidad, ha llegado el tiempo de superar las profundas desigualdades que les afectan, garantizar de manera efectiva sus derechos colectivos y fomentar el desarrollo de sus economías propias para que finalmente puedan alcanzar su derecho a la autodeterminación.
Por tanto, en una gran mesa en el Complejo Cultural de Los Pinos, personas indígenas, afromexicanas, legisladoras y servidoras públicas conformadas en un Comité Técnico, iniciaron el jueves pasado la construcción de la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cumpliendo con la Reforma Constitucional que se hizo al artículo 2º (publicada el 30 de septiembre pasado) que estableció en sus transitorios un plazo de 180 días para la expedición de esa Ley General.
Es digno de hacer notar que las formas para llegar al consenso, que caracteriza a las comunidades y los pueblos, están siendo utilizadas para lograr el texto que se pondrá a consideración en cada una de las regiones indígenas y afromexicanas del país, a fin de obtener su consentimiento mediante el ejercicio de su derecho a la consulta.
Es esperanzador y emocionante ver a este colectivo intercambiar propuestas y con el mejor de los ánimos, desarrollar conceptos y el articulado. Dan vueltas a las ideas y las pulen desde la experiencia y compromiso que estos colectivos tienen proviniendo de todos los rincones de nuestro México.
Otro aspecto relevante de esta forma de trabajo es que la Presidenta de la República ha estado al tanto de los avances de este importante proceso legislativo, al que pueblos y comunidades han contribuido y del que se apropiarán para restablecer nuevos pactos sociales y hacer realidad a plenitud sus derechos.
Lejos de esperar pasivamente una propuesta legislativa del Congreso de la Unión, estos colectivos indígenas y afromexicanos se constituyen en protagonistas de sus propias regulaciones, recurriendo a su memoria histórica marcada por reclamos y demandas, así como plasmando su visión del futuro.
Nuevamente nos dan muestras de su capacidad para configurar su propio proyecto en armonía con su cultura, con la naturaleza y con las instituciones públicas.
Quienes formamos parte de estas últimas, tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos tenga la viabilidad necesaria para llegar a buen término.
Que así sea.
Consejera jurídica de la Presidencia
