El pasado 24 de abril, la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), integrada por los consejeros electorales Erika Estrada Ruiz como presidenta, Ernesto Ramos Mega y Mauricio Huesca Rodríguez, votaron por prohibir que candidatos y legisladores de Morena hagan pública la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez (BJ) y su vinculación con el candidato de los partidos PRI, PAN y PRD al gobierno de la CDMX.
Antes de entrar en materia, les diré que no es la primera vez que el ahora exalcalde usa la censura a través de argucias legales. Cuando fui Fiscal General de la Ciudad este mismo personaje interpuso un amparo —amparo mordaza, yo le llamo— para que ni yo ni el entonces vocero y el Director General de Comunicación Social, mencionáramos dos palabras: Cártel Inmobiliario, como si con esto pudieran borrar los delitos cometidos por este grupo.
¿Por qué molestan tanto estas dos palabras al candidato de la coalición?, quizá porque describen lo que ha sucedido en Benito Juárez.
Un cártel es una organización ilícita con las siguientes características:
Es una red compleja que involucra autoridades y sus familiares, empresas fantasma, ingeniería fiscal y financiera; no se trata de individuos aislados que cometen actos de corrupción por cuenta propia.
¿Por qué inmobiliario? Porque es un grupo organizado de servidores públicos y empresas privadas que participa en el desarrollo de construcciones ilícitas a cambio de beneficios económicos.
Quizá también le molestan por el hecho de que en la Ciudad de México ya está tipificado el delito de corrupción inmobiliaria, con penas que van de los 10 a los 20 años de prisión.
Así, el acto de censura perpetrado por el IECM, en pleno proceso electoral, omite el hecho de la probada existencia de asociaciones delictuosas (con imputados y culpables confesos) para sacar provecho económico con obras inmobiliarias en la Alcaldía BJ.
Mediante la acción descrita, se hace evidente la intencionalidad de acallar la divulgación de información sobre el modus operandi del equipo de funcionarios y exfuncionarios operadores del enorme negocio ilícito de la construcción de vivienda en esa Alcaldía.
El IECM, a través de los miembros de la Comisión Permanente de Quejas, propina un severo golpe a la esencia de la democracia en la CDMX al prohibir la libertad de expresión, inclusive bajo amenaza de “usar la fuerza pública” en nuestra contra, si insistimos en difundir lo que nos censuraron, o lo que incluso podamos decir en adelante en redes sociales y medios de comunicación sobre el señor candidato y el grupo delictivo mencionado.
Asimismo, me parece que es de llamar la atención, cómo la votación en el IECM sólo beneficia al candidato que hasta la fecha va abajo en todas las encuestas.
Y una reflexión final: ser candidatos en pleno proceso electoral y ser obligados a callar por el árbitro de la contienda bajo pretextos de calumnia, ignorando hechos, pruebas y la muy conveniente demora padecida en la entrega de documentación solicitada a la Alcaldía BJ sobre el señor candidato, denota parcialidad institucional y hace que la ciudadanía ignore información relevante sobre uno de los candidatos a gobernar su Ciudad.
