El mejor camino para construir una paz duradera en nuestro país no es imponiéndola a través de la violencia, porque si fuera el caso, se sostendría con alfileres, provocaría rencor, encono y sufrimiento entre mexicanos. Quiero aprovechar este espacio para volver a condenar el vil, cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el gobierno federal, en coordinación con el estatal, trabajamos intensamente para que no haya la más mínima posibilidad de impunidad.

La violencia que golpea a Michoacán y a varios Estados no nació ayer ni el 1 de julio de 2018. Lo que sí hubo fue una “declaración de guerra” contra los grupos criminales que paradójicamente inició en Michoacán a meses de iniciar el gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Aquella decisión irresponsable, desquebrajó de tal forma el tejido social que desde entonces se padece de violencia extrema en variadas zonas de nuestro país.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2012, cierre del sexenio de Felipe Calderón, Michoacán registró 827 homicidios dolosos anuales. Seis años después, al finalizar la administración de Enrique Peña Nieto, crecieron a 2,076; es decir, aumentaron más del 250%. Al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en 2024, la cifra descendió a 1,632 homicidios dolosos, una reducción de 21% respecto a 2018.

El incremento exponencial de la violencia en Michoacán de 2012 a 2018, se debió al menos a tres factores: 1) continuó la estrategia de guerra, tan es así que Peña Nieto decidió armar al pueblo de Michoacán con las llamadas Autodefensas y las Policías Comunitarias; 2) el Estado dejó de tener una visión social, abandonando a sus jóvenes y 3) la colusión entre el crimen organizado y las autoridades.

Nosotros hemos optado por atender las causas que originan la violencia. El cambio es sustancial: del fuego cruzado al trabajo social; del odio, a la esperanza; del enfrentamiento militar, a la reconstrucción del tejido comunitario sin dejar de cuidar a nuestros jóvenes.

El asesino de Carlos Manzo tenía 17 años. Nació en 2008, cuando la guerra de Calderón estaba en su apogeo. Ese muchacho es el reflejo de una generación que heredó el abandono institucional. Durante años, se les llamó “ninis” —ni estudian ni trabajan—, un término creado por un exrector de la UNAM que los redujo a una estadística, sin reconocer que fueron el resultado de una política neoliberal que les cerró las puertas.

En 2018, cuando la izquierda llegó al poder, la prioridad fue cambiar el paradigma: atender las causas que generan la violencia y abrazar a nuestros jóvenes, el futuro de México. Desde entonces se apuesta por educación, salud, cultura, empleo y deporte; más universidades, más preparatorias, más becas; mayores programas sociales para que los jóvenes encuentren en el Estado un aliado y no un enemigo.

Michoacán, hoy símbolo del dolor, también puede ser promesa de reconstrucción. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, no va a imponerse con violencia sino con acciones que ayuden a reconstruir el tejido social todos los días, con oportunidades, con esperanza y con justicia social.

Por la paz, ¡no con guerra!

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