La desigualdad en nuestro país ha sido una condición constante, persistente y las mujeres en particular son quienes, de entre la sociedad, más la padecen.
No obstante que el derecho y principio a la igualdad y no discriminación está previsto en diversos instrumentos nacionales e internacionales, los avances en torno a la igualdad que se han logrado con el reconocimiento de las mujeres como iguales a los hombres o la paridad de género, es apenas el inicio de un camino que está lleno de obstáculos, pues la desigualdad y la discriminación son una realidad que requiere de atención urgente.
Por ello y como resultado de más de 100 años de lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos, la Cuarta Transformación decidió abrir la puerta para que la Igualdad Sustantiva sea una realidad en nuestro país.
Así, el pasado viernes 15 de noviembre, la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto por el que se reforman los artículos 4º, 21, 41, 73, 115 y 123 de la Constitución que atienden los derechos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género de las mujeres de México.
Este paquete de reformas constitucionales establece un Sistema de Protección para las Mujeres que tienen por objeto el reconocimiento del derecho a la igualdad sustantiva, de trato y de oportunidades; plantean el reconocimiento económico y social del trabajo no remunerado, específicamente el que dedican al cuidado de otros; reconoce los diferentes tipos de familia, al establecer que el Estado protegerá la organización y desarrollo de las familias; el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; la perspectiva de género como herramienta para la transformación de las relaciones de opresión, violencia y desigualdad y la erradicación de la brecha salarial.
Para lograr lo anterior también se plantearon la modificación de disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras, para la reglamentación y funcionamiento normativo e institucional armonizado con la Carta Magna.
Todo ello quedó establecido a nivel constitucional desde el pasado 15 de noviembre, lo que mandata que todos los poderes y órdenes de gobierno le den cumplimiento.
La transformación que conllevan las reformas, fomenta la inclusión y la igualdad de género en un sistema formal. Constituyen un enfoque integral ya que se abordan desde los diferentes ámbitos involucrados. Apuntan a la construcción de un sólido futuro donde la igualdad sea una realidad tangible para todas las mujeres en el país.
En términos generales, el desarrollo pleno de las personas necesita de una sociedad justa y equitativa, por tanto es imprescindible modificar el régimen existente para dar paso a otro que de respuesta satisfactoria, en pleno siglo XXI, a los grandes retos que enfrentamos como sociedad.
Toca a todas y todos hacer de este extraordinario avance, una realidad vigente.
Consejera jurídica de la Presidencia
