El pasado sábado 12 de julio, amanecimos con la gran noticia de la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de la ruta wixárika por los sitios sagrados a Wirikuta, debido a que constituye “un testimonio vivo excepcional de los modelos milenarios de Mesoamérica y una de las rutas precolombinas aún en uso más representativas en este continente”.
La noticia no sólo es relevante para uno de los pueblos originarios más emblemáticos de nuestro país: los wixaritari (huicholes), sino para el mundo entero, pues se reconoce la importancia de una visión ancestral y profunda por la naturaleza que enlaza el respeto y veneración a los elementos y sitios originarios, con la determinación de que la vida continúe en el planeta.
Esta ruta que los wixáritari recorren cada año en sus peregrinaciones desde la Sierra Madre Occidental al desierto de San Luis Potosí, pasando por diferentes lugares sagrados, además ha exigido un reconocimiento normativo que ha implicado un cuestionamiento profundo a las estructuras mentales y jurídicas de nuestro país:
Primero, el reconocimiento a la posesión discontinua que ejercen sobre los senderos y los sitios que los antepasados les señalaron como sagrados, a los que deben acudir para dejar ofrenda (en cerros, cuevas, ojos de agua, templos prehispánicos) que se ubican en Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas; pues son parte de su territorio cósmico-religioso, pero que legalmente pertenecen a otras personas, comunidades o ejidos.
Al respecto, en agosto de 2023, el expresidente López Obrador firmó un decreto para proteger los lugares, sitios sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos wixárika, náayeri, o’dam y mexikan, estableciendo que las autoridades deben respetar y promover las acciones necesarias para proteger, preservar y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
Y segundo, el respeto hacia su planta sagrada, el peyote, pues como ésta contiene mezcalina, un alcaloide psicoactivo, cuya posesión, consumo o venta es ilegal en nuestro país, los integrantes de este pueblo tienen ahora que ser respetados en la recolección y traslado que realizan de ella desde el desierto de San Luis Potosí hasta sus comunidades de origen donde lo consumen ritualmente.
Otra exigencia muy importante han sido las restituciones territoriales que representan una histórica deuda de México hacia ese pueblo originario.
Es esperanzador que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum haya avanzado (desde diciembre del pasado año) en la restitución de importantes superficies, con decretos de reconocimiento a la propiedad comunal tradicional entregados a las comunidades wixaritari, rarámuri y odhami cumpliendo así con el convenio 169 de la OIT, bandera del movimiento indígena nacional.
El reconocimiento que hace UNESCO, nos obliga a refrendar el compromiso que tenemos con los pueblos originarios y sus visiones pues alimentan y enriquecen a las nuestras. La normativa reglamentaria del artículo 2º Constitucional, aún pendiente y en la que participa la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a mi cargo, verá la luz muy pronto para bien de nuestros pueblos originarios y del México diverso y profundo que nos constituye.
Consejera jurídica de la Presidencia
