En un acontecimiento sin precedentes en la historia moderna de México, la reciente elección del Poder Judicial representa un hito que refleja la profundización del cambio y la democracia en el país. Hasta ahora, el único de los tres poderes que no era electo era el Judicial, sus integrantes habían sido designados por mecanismos internos o por designación del Ejecutivo, dejando en manos de gobernantes y legisladores la elección de los ministros y magistrados encargados de impartir justicia. Sin embargo, la reciente elección popular de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial –anterior Consejo de la Judicatura presidido por el propio ministro presidente de la Corte– y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un cambio sustancial en el modelo democrático mexicano que nos merecemos.
Este proceso histórico, que incluyó la participación directa de la ciudadanía en la elección de sus representantes, no solo refuerza la legitimidad del sistema judicial, también impulsa la transparencia y la rendición de cuentas. Es, además, un paso importante hacia la construcción de un Estado verdaderamente democrático, donde la justicia sea un poder independiente y esté legítimamente representado por la voluntad popular.
Particularmente significativo de esta transformación es la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte, quien será el primer ministro indígena en la historia moderna del país. La presencia de Hugo Aguilar Ortiz, excelente abogado de origen mixteco, profesionalmente sólido, además de sensible y cercano a la gente como Presidente de la SCJN envía un mensaje muy claro: la justicia debe ser inclusiva y representativa de toda la diversidad cultural que enriquece al país.
Para entender la magnitud de este cambio, es necesario recordar que la anterior SCJN fue resultado de la decisión del entonces presidente Ernesto Zedillo que, en un acto de poder y soberbia, destituyó a los ministros existentes y colocó en su lugar a quienes favorecían su agenda.
Esa corte, que surgió como un órgano controlado y alineado con los intereses del Ejecutivo, el pasado domingo 1º de junio fue desplazada por la democratización e independencia real del Poder Judicial, erradicando así el nepotismo y la corrupción que actualmente la carcomen.
El cambio representa, sin duda, uno de los avances más trascendentes en la historia de México. La elección popular de los órganos judiciales es una señal de madurez institucional y de reconocimiento de que la justicia debe estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares o de grupos de poder. Evidencia una voluntad de corregir las prácticas donde la interpretación sesgada de las leyes, la corrupción de la justicia y la venta de sentencias, eran características predominantes en la estructura judicial.
La elección popular del Poder Judicial, junto con un ministro presidente indígena con una sólida trayectoria, representan uno de los cambios más trascendentes de la Cuarta Transformación, esto sólo pudo suceder por la llegada al poder de líderes con verdadera convicción democrática, ahora liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Consejera jurídica de la Presidencia
