Estamos siendo testigos históricos de un proceso de regresión democrática con la máscara de un supuesto nuevo Estado. El discurso oficialista en la tribuna del Congreso de la Unión repitió muchas veces que la reforma constitucional por la que se han eliminado siete organismos autónomos tenía como objetivo principal terminar con la corrupción, pero el hecho de que por horas un larguísimo número de diputados y de senadores estuvieran repitiendo ese argumento no lo convierte en verdad.

Los organismos autónomos surgieron, en parte, porque el Estado del partido único había perdido completa credibilidad. La exigencia social se convirtió en presión y se constituyeron entes como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dar credibilidad y legitimidad a los procesos electorales en el caso del IFE y la CNDH para responder a la deuda histórica de abusos del poder público con la población.

Ese largo camino para construir nuestra democracia ha dado un giro y con la mayoría legislativa con que cuenta el partido en el gobierno, se aprobaron reformas constitucionales que eliminan al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

Por supuesto que no es un tema de ahorro presupuestal, porque la realidad es que las estructuras burocráticas con que funcionan actualmente estos siete órganos autónomos serán absorbidas por entidades del gobierno federal. El fondo es tener el control de todo el poder público, o lo que es lo mismo, volver al Estado de los tiempos del partido único donde la voz de la ciudadanía era completamente ignorada.

Ese es el principal costo de su eliminación, porque además de la importancia de sus funciones que van desde la protección de nuestros datos personales, reducir conflictos de interés, separar decisiones técnicas de intereses políticos, limitar a los poderes privados y generar contrapesos a los poderes de la Unión, ahora la ciudadanía estará al margen del ejercicio del poder político con el riesgo que eso representa para nuestra democracia.

Regresaremos a los tiempos previos de la lucha por la democracia, que comenzó de manera más activa después de las cuestionadas elecciones de 1988 cuando el modelo de gobierno de partido único comenzó a demostrar ser obsoleto y la ciudadanía logró desde la oposición rebasar al gobierno.

Es un camino que como mexicanos ya hemos transitado. No creamos que el supuesto nuevo Estado es lo mejor para nuestro país: es un Estado totalitario donde se han eliminado espacios que servían de garantes de nuestros derechos, cumplían funciones alejadas de decisiones políticas y vigilaban decisiones del gobierno. Tengamos presente que si hace más de 40 años se logró por la vía pacífica construir nuestra democracia, lo volveremos hacer para recuperar esos contrapesos que todo gobierno democrático debe tener.

Senador de la República y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN

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