No sabe qué es el Estado. Desconoce el fin último del poder político. Se niega a esgrimirlo para proteger a sus gobernados. No quiere ejercerlo a pesar de estar viendo cómo son masacrados.
Triste. Dolorosamente, para la presidenta de la República --en línea con la paradójica expresión atribuida al general franquista José Millán-Astray--, la premisa de su gobierno es:
“¡Viva la muerte! ¡Muera la vida!”
Indubitablemente. Por su inacción. Pasividad. Indecisión. Sumisión a su antecesor, el pueblo no tiene su apoyo. No lo ayuda. No ve por él. Lo tiene en el olvido. En absoluta indefensión.
Sin rodeos, la presidenta ha abandonado a la ciudadanía. Le ha vuelto la espalda abiertamente. La ha dejado a su suerte. A merced de cientos de matones que se han enseñoreado en todo el territorio nacional. Apropiándoselo.
Al poner al país entero prácticamente en manos de la delincuencia con la postura que ha asumido sobre ese cáncer. Desentendiéndose de su primer deber de protegerlo, no tiene derecho a gobernarlo.
Moral y legítimamente, está impedida para encabezar la República. Su incapacidad o su desgano para reencausarla por el buen camino, la inhabilita.
En apenas un año ha quedado descalificada. Desacreditada. De la descomposición del país, hundido en la violencia, derivan las críticas. El rechazo. El repudio. No se ve con claridad aún, pero se estaría gestando algo que, de estallar, no le va a gustar a nadie. Menos a ella.
El segundo periodo de la transformación, al que con empeño le pone el segundo piso pese a estar sobre arenas movedizas, es la pesadilla de la frustración nacional. De la desilusión. La gente no tiene esperanza. No ve ningún porvenir.
Con su anuncio, hecho en Michoacán, de que “no habrá otra guerra contra el narco”, le extiende una patente de corso el enemigo de todos. Una ominosa autorización para que siga matando a la población en su lucha por el predominio. Por su avidez. Su insaciabilidad de dinero.
Esa decisión la deslegitima total. Absolutamente. Le quita toda autoridad moral. Diluye su consenso por dejar de atender su primer deber de salvaguardar la vida y la propiedad de la población. Así no le sirve. No la necesita. Puede prescindir de ella.
Como primera mujer en la presidencia. Como la primera Tlatoani en 700 años de historia de este país, ha fallado. Con lo que ha dicho, no hay duda de que ha elegido ya la manera. El camino de su trascendencia.
Al convalidar. Reafirmar la estrategia de abrazos, no balazos, de su nefasto antecesor, explícitamente extiende una licencia a los narcotraficantes para mantener su funesta existencia. A la sociedad aterrorizada. Acorralada. En la incertidumbre.
Si se consideran el alcance. Las dimensiones. Las temibles consecuencias en que se traducirán sus palabras del lunes pasado, en el contexto del deplorable asesinato de Carlos Manzo, Sheinbaum ha entregado el Estado legal al estado criminal. Se ha doblegado ante el crimen organizado.
Ese hecho implicaría que los cárteles le han hecho saber quién manda aquí. Y que por eso en su mensaje les ha respondido que su gobierno no los enfrentará. No los tocará. Les dejará manos y vía libre para reafirmar su poder.
No es improbable que el incalificable crimen lleve una advertencia del mafioso López Obrador a su sucesora para decirle que frene el despliegue policial contra la criminalidad que lleva a cabo Omar García Harfuch, quien ha tocado y puede alcanzar a algunos de sus protegidos.
En ese caso, los presuntos criminales que ocupan importantes cargos públicos no sólo podrán estar tranquilos. Seguirán haciendo lo que tanto les gusta.
El narcotráfico, con las decenas de tentáculos y los cientos de ramificaciones que tiene, debería ser Razón de Estado de la acción gubernativa. Para atacarlo con todos los medios hasta extinguirlo. Sería legal. Legítimo. Moral. Es necesario. Imprescindible y urgente.
La Razón de Estado, en su acepción clásica, se esgrime para proteger a la mayoría de la población contra la violencia que pretenda ejercer o ejerza contra ella quien sea. Debe tratarlo como enemigo y eliminarlo.
Hoy, esa importante. Infalible herramienta se ejerce para encubrir las razones del crimen organizado. Ese monstruo es, absurdamente, el principal objetivo de la vergonzosa protección oficial que, desde el sexenio pasado, ha sido reiterada. Ostensible. Abierta. Impúdica.
El huachicolero de la política nacional, Andrés Manuel López Obrador, que todo lo rebajo. Acorrientó. Degradó, puso el ejemplo. Hoy, esa práctica es seguida por tomboleros. Acordeoneros. Aboneros. Viajeros enriquecidos. Como si fuese una doctrina.
La desprotección en que el gobierno dejó al alcalde de Uruapan, con la “protección” de una docena de elementos de la Guardia Nacional, será todavía mayor para cualquiera con la definición presidencial sobre los cárteles, de no confrontarlos.
La orfandad en que la presidenta sume a toda la población con su insana. Injustificada. Inadmisible. Injusta decisión, es completa. Contra esa realidad, aquí, ya no hay remedio. Todo está perdido. Del gobierno nada hay que esperar.
Ningún gobernante en el mundo. Que sea mínimamente consciente de su responsabilidad pública. Con la ética política más elemental, soslaya su irrenunciable obligación de defender, por todos los medios posibles, a sus ciudadanos. No hay uno que no cuente con los recursos para hacerlo.
Ante la infundada postura del morenismo, asumida desde López Obrador de no utilizar la violencia legítima del Estado para no ser acusado de represor, es pertinente recordarle, sobre todo a la presidenta, a John Locke.
Considerado padre del liberalismo, en su Ensayo sobre el Gobierno Civil, escrito hace 300 años, estableció:
“…es razonable y justo que yo tenga derecho a destruir aquello que me amenaza con la destrucción. El hombre debe defenderse en todo lo posible”.
Para evitar la Ley del Talión y superar el Estado de Naturaleza en que predomina la ley del más fuerte, se creó el Derecho. Con él reinarían el orden. La justicia. La paz. Los gobernantes estarían obligados a procurar el bien común, comenzando por la seguridad.
Síntesis. Amalgama de todos los ciudadanos, erigido el Estado sobre la voluntad general como soberano, puede “…destruir a un hombre que nos hace la guerra (…) por la misma razón que podemos matar a un lobo o a un león”.
La guerra es lo que los cárteles han hecho a millones de mexicanos. Han asesinado a cientos. Los últimos gobiernos, particularmente el de López Obrador, se los permitió. Llegó al descaro de liberar a Ovidio Guzmán cuando estaba en manos de las fuerzas de seguridad. Su complicidad ha sido evidente.
Esta es la mayor carga que, como herencia, dejó a Claudia Sheinbaum, imponiéndola en la primera magistratura del país. Es el fardo del que ella no quiere liberarse. Por eso no escuchó. No atendió las desesperadas peticiones de auxilio que Carlos Manzo le reiteró.
Enemigo del absolutismo, fuente teórica de enorme influencia en la construcción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Lock precisó:
“…no existiendo sobre la tierra un soberano común al que pueda acudirse en demanda de que intervenga como juez, es lo que se llama estado de guerra; es precisamente la falta de una autoridad a quién apelar, lo que da a un hombre el derecho de guerra y de defensa”.
Este es el derecho al que Carlos Manzo llamaba a recurrir, dada la ausencia de respuesta a sus innumerables reclamos, elevados a todas las instancias de poder, para que lo ayudaran a contener la embestida del narcotráfico en Uruapan.
La seriedad. La firmeza con la que siempre habló el sacrificado alcalde, debió haber dado a los criminales la certeza de que actuaría. Y habrían optado por aplicar la máxima de hacer caer lo sublime; es decir, aquello que empieza a sobresalir. Lo vieron como un potencial enemigo. Y lo aniquilaron.
La sordera. Ceguera. Mudez. Tozudez. La permisividad. Complacencia. Miedo. Complicidad político-criminal, tienen en el filósofo inglés una advertencia:
“Cuando se organiza la comunidad y decide confiar su libertad y sus derechos a un gobierno para que los proteja y no lo hace, puede derrocarlo cuando le convenga”.
En el mejor de los casos.
Porque, cuando se oprimen o se cancelan esos derechos, previene también, es lícito y obligado. Como imperativo categórico… apelar el tiranicidio.
Línea de Fuego
¡Vamos por López! ¡Vamos por AMLO! ¡Saquémoslo de La Chingada! ¡Mandémoslo a la chingada! ¡Ayudemos a la presidenta a sacudírselo!, es una idea que se está larvando. Cobra fuerza por los sucesos de Michoacán. No se descartaría que ese día llegue, considerando que Sheinbaum no lo responsabilizará del desastre. Y que Estados Unidos no lo molestará mientras siga sacando provecho con la insinuación de que actuará contra él en algún momento… Los excesos. Desfiguros. Abusos públicamente conocidos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, están perfectamente reflejados en la última encuesta de Enkoll levantada para EL UNIVERSAL: la población la reprueba. Y no pocos la odian… No es una casualidad que Simón Levy sea objeto de atención prioritaria para el gobierno. Por lo que sabe sobre las corruptelas de importantes morenistas, lo considera peligroso. Y lo pone en constante peligro. El error de atreverse a silenciarlo le saldría muy caro… El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, es un cínico. Hostilizó a Carlos Manzo por negarse a ser parte de su cártel. Fue asesinado y tuvo la desfachatez de presentarse en su sepelio. Esta vez, recibió sólo una merecida cachetada. Incendiada como se halla la entidad… Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, puede suceder a su malogrado esposo en la alcaldía de Uruapan. Tendría un voto de confianza de que no accedería al cargo por ambición, sino por ideales. Esos que defendió quien apuntaba a ser el líder que tanto necesita México… El gobierno parece estar muy necesitado de enemistades. Ahora se echó encima a Perú por darle asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de ese país. Cómplice del golpista Pedro Castillo… David Manuel Tapia Cuá, secretario general del sindicato del Fonacot, según múltiples quejas, es un auténtico títere. Su titiritero es su antecesor, Antonio Reyes, quien, a pesar de estar jubilado, sigue manejando el Instituto a su interés y conveniencia. Con el ardid del relevo generacional, que a él no lo alcanza, cual “Fidelito”, se da a la tarea de ordenar que trabajadores del CEN sean echados sin ninguna prestación. A la directora, Laura Fernanda Campaña Cerezo, en todo caso, se la considera un cero a la izquierda… Y ahora podría ser Alejandro Correa Gómez, ex edil de Zinapécuaro, Michoacán. Frontal. Decidido. Desaparecido…