El pasado 22 de junio fue presentada la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en su versión “continua”, de manera que se suma al esfuerzo de su levantamiento anual desde 2020 con el fin de favorecer una información actualizada y comparable sobre los principales rubros de la condición de salud que enfrenta la población y hábitos alimenticios que condicionan su nutrición. A reserva de comentar más adelante los importantes hallazgos, es oportuno destacar uno de ellos: prácticamente 49% de los mexicanos no cuenta con derechohabiencia (que explica la incapacidad de generar más fuentes de trabajo formales que coticen en pro de alguna derechohabiencia). De esta población: 37% se atendió en unidades de salud privadas, con un elevado porcentaje en consultorios aledaños a farmacia (CAF). Esta condición de preferencia en la atención de la salud también se observa entre los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues solo 55% se atendió en sus unidades médicas, 27.5% lo hizo en establecimientos privados y poco más del 10% dijo haberse atendido en un CAF. Las razones para atenderse de manera alternativa en el sector privado son conocidas y no han variado lamentablemente: no hay citas o estas se asignan de manera prolongada. Aunado a ello, se suma el elevado porcentaje de recetas sin surtir o de manera parcial (al menos se contabilizaron 15 millones de recetas bajo esta condición en 2022, según cifras de Cero Desbasto presentado en su informe del pasado 30 de mayo), debido a la incapacidad de garantizar los medicamentos en farmacias de las instituciones públicas de manera oportuna, donde el “mapa del desabasto” de medicamentos (https://inefam.com/mapa-del-desabasto/) demuestra que al primer trimestre de 2023 que tal condición se observa de manera generalizada en el país (su análisis amerita una mayor revisión en este mismo espacio en un próximo artículo).
Esta condición no parece que logre mejorar en lo que resta del 2023, situación que podría agudizarse por la transición en curso donde el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) deberá trasladar la operación y responsabilidades que tenga en pasivos al recién creado organismo público descentralizado “IMSS-Bienestar” a fines de noviembre próximo, lo que mantiene incertidumbre que se garantice un eficiente abasto de medicamentos, máxime ante los pendientes de firma de contratos actuales y pagos a proveedores (tanto de deudas anteriores como actuales).
Las cifras al mes de abril muestran nuevamente un rezago relevante en las adquisiciones, marcando a este periodo con el peor desempeño en lo que va del sexenio al comparar con mismos periodos de años anteriores (tabla 1), incluso desde 2018, al sumar 215.35 millones de piezas.
El hecho es, nuevamente, que ocurren importantes atrasos en el ejercicio de las compras consolidas para el abasto de 2023, que además de los aspectos mencionados, se suman a ello problemas en la logística y distribución en manos de INSABI. Falta de comunicación y coordinación con distribuidores, operadores logísticos, así como falta de espacio en almacenes o pedidos equívocos, mantienen una condición desfavorable para la atención oportuna de los pacientes, la cual ha sido una constante del actual gobierno que ha sido cubierta con abundantes discursos que no resuelven el tema central y en cambio, han llevado a un mayor gasto de bolsillo.
El equipo de INEFAM realizó una revisión exhaustiva sobre el “avance de contratos” de los principales procesos de compra consolidada para el abasto 2023-2024 de INSABI. Para ello, solo se consideraron las piezas “máximas” de los fallos a ser adquiridas para el año en curso y con ello observa las cantidades entregadas hasta abril pasado (es decir, las piezas que el proveedor entregó a operadores logísticos contratados por las instituciones o en los almacenes de estos últimos).
Se consideraron dos procesos que concentran a los principales medicamentos “genéricos” y aparte, los diversos procesos para la compra de medicamentos de “patente” como se ilustra en la tabla 2.
Los medicamentos genéricos apenas muestran un avance de contrato de 16.3% hasta abril pasado, muy por debajo del avance ideal de al menos de una tercera parte respecto a las cantidades esperadas para el cierre del presente año. Solo lo medicamentos de patente muestran ir en el avance esperado. Estos avances aquí comentados no han sido sujetos de pago en su totalidad y se suma a los adeudos antes comentados.
La preocupación es importante para el caso de los medicamentos genéricos, debido a su gran volumen. Tal atraso ha generado nuevamente compras en paralelo de los medicamentos considerados en las consolidadas, a través de procesos licitatorios convocados por las mismas instituciones, así como recurrir a las adjudicaciones directas, que hacen recordar el oficio de febrero de 2021, cuando INSABI solicitó a las instituciones que hicieran compras por propia cuenta ante los importantes atrasos que tuvo la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que jugó un importante papel en el mayor desabasto de medicamentos que ha vivido el sistema público de salud mexicano. Dicho oficio fue denominado de manera popular como “sálvese quien pueda” y parece que nuevamente las instituciones podrán seguir ese camino.
La tabla 3 y gráfica 1 dan cuenta de esta condición: las compras consolidadas aportan hasta abril el 53.2% y el restante ocurre bajo otras modalidades. Las compras consolidadas lograron participar con más del 70% del total de piezas requeridas por el sector público, por lo que el avance aquí señalado deja en claro su corte alcance, que de hecho quedó claro desde la emisión de los mismos fallos de los procesos aquí analizados, pues en muchos medicamentos las cantidades máximas asignadas se ubican muy por debajo de su consumo histórico.
Las adjudicaciones directas comienzan a proliferar y sin duda, harán el efecto de empalmarse muchas de sus compras con las que deriven de las consolidadas, generando nuevamente una revoltura observada en años anteriores, que se han caracterizado por contratos mal ejercidos y por compras emergentes con sobrecostos.
Los avances de contrato muestran comportamientos disímbolos entre las claves, pues ocurre que hay un conjunto de claves que tienen ínfimas o nulas entregas, en tanto que otras han registrado avances superiores al 50% que pueden someter en mayor presión a proveedores para contar con las cantidades necesarias ante la probabilidad de alcanzar las cantidades máximas ante de lo programado. Cantidades mal programadas, o solicitadas de manera errónea o el incumplimiento de algunos medicamentos con misma indicación, explican de alguna manera la última condición.
La gráfica 2 y 3 resumen el comportamiento diverso de las “claves” de medicamentos adquiridos por el IMSS para los dos principales procesos (señalados de manera resumida como “E115” e “I-1-2023” en las imágenes), donde se contabilizan dichas claves según el rango en el “avance de contrato” (cifra en azul) en tanto que la línea naranja (y sus cifras en mismo color) muestra el porcentaje de avance acumulado.
Consideraciones finales
El presente ejercicio será revisado nuevamente con la esperanza de encontrar en los próximos meses un mejor avance.
A reserva del buen deseo arriba expuesto, la transición INSABI-IMSS Bienestar necesariamente somete a mayor estrés a todos los involucrados: a los funcionarios responsables que deben lograr un tránsito con los menores obstáculos, donde ocurra mayor colaboración entre ambas instituciones y sin omisiones en documentación y compromisos materiales y monetarios. A los proveedores, que requieren mayor certeza sobre el proceso de logística y distribución, así como de una adecuada documentación para garantizar las entregas en última milla y cumplir con el mayor de los compromisos: los pacientes sean atendidos de manera oportuna y eficiente.
Director General del Instituto Farmacéutico
