Bienvenido el debate sobre cómo fortalecer la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, les comparto unas primeras reflexiones al respecto.
La idea de que los ministros sean elegidos por voto popular, revela una falta de comprensión de cuál es el principal trabajo que deben desempeñar los ministros.
El poder ejecutivo y el poder legislativo se eligen por voto popular porque son representantes populares, su trabajo es gobernar para nosotros, defendernos y velar por nuestros intereses.
Los ministros no son representantes populares, representan y defienden a la ley, que es impersonal, es para todos por igual, por lo que es completamente inadecuado que orillemos a los ministros a responder a los intereses de los votantes.
Hay una muy buena razón para que los jueces no sean representantes populares, porque están ahí para proteger nuestros derechos de potenciales abusos de las mayorías.
La democracia es un sistema donde se elige lo que la mayoría quiere, pero debemos ponerle un límite a esa mayoría porque puede estar equivocada. La historia está llena de ejemplos donde una mayoría llena de euforia o manipulada hace cosas terribles.
Por ello, las democracias modernas le permiten hacer mucho a las mayorías, pero le ponen candados para que, por lo menos, se respeten los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la libertad o a la libre expresión.
Si un gobernante o un legislador, que son representantes de la mayoría, violan la constitución al vulnerar los derechos fundamentales de alguien, ahí está el poder judicial para defender la ley, para defender a cualquiera del abuso de la mayoría.
Es por ello que en ninguna democracia, los jueces o ministros de la corte suprema son elegidos por voto popular, todos son elegidos de forma indirecta, con mecanismos que buscan asegurar que a quien defienden sea a la ley y no al presidente ni a un partido político ni siquiera a la mayoría.
Por ejemplo, en México se requiere de la aprobación de dos terceras partes de los senadores, es una cantidad de senadores que ningún partido tiene, por lo que se necesita la aprobación de varios partidos políticos.
Así se busca que los ministros no respondan a ningún partido político y que solo sean aceptados perfiles que realmente van a defender la ley. Desafortunadamente, el Presidente de la república tiene un mecanismo para poner a ministros que le sean afines.
El Presidente es quien designa los candidatos a ministro; somete a tres candidatos a votación del Senado, si ninguno de los tres perfiles reúne la aprobación de las dos terceras partes de los senadores presentes, entonces el Presidente manda tres nuevos candidatos. Si nuevamente ninguno de los candidatos consigue la aprobación de 67% de los senadores presentes, el Presidente elige a quien quiera de esos tres candidatos para convertirlo en ministro.
El gobierno ha dicho que la Constitución de México de 1857 establecía que los ministros se elegían por voto popular, pero esto es falso, establecía que serían elegidos por voto indirecto, como se hace en la actualidad.
En las democracias más consolidadas como los países europeos, la elección de los ministros o los jueces de la corte suprema también se hace de forma indirecta como en México; puede ser como en Estados Unidos donde el presidente propone a los candidatos que deben obtener la aprobación del senado, o en otros países la propuesta de candidatos la hacen consejos especiales donde participa el poder judicial.
El único lugar donde se elige con voto popular a los jueces de la corte suprema es en Bolivia, un país que muchos no consideran una democracia plena o un país libre, por ejemplo, los principales reportes sobre democracia y libertad del mundo, como el Índice de Democracia de The Economist, el índice de Freedom House, o el Índice de Percepción de la Democracia de Varieties of Democracy (V-Dem).
De hecho, Bolivia ha caído hasta la posición 121 en el ranking de 128 países que mide el Estado de Derecho, o qué tanto se respeta la ley, creado por World Justice Project. Algunos refieren que en Bolivia el poder judicial ha perdido capacidad para defender la ley.
En México debemos fortalecer al poder judicial, eso no significa someterlo a la voluntad del Presidente ni del partido en el poder ni de una posible tiranía de la mayoría, de la que nos advirtieron personajes como Alexis de Tocqueville o John Stuart Mill.
Propongo que fortalezcamos al poder judicial, dificultando al Presidente imponer a los ministros que él quiera, garantizando la inamovilidad de los jueces ante presiones políticas, aumentando la cantidad de jueces porque en México hay solo 5 jueces por cada 100 mil habitantes, una décima parte de los que hay en Alemania, por eso en México no se dan abasto.
Para fortalecer la impartición de justicia también propongo capacitar y equipar mejor a los ministerios públicos y a los policías; no es posible que solo 1% de los delitos sean sentenciados en México.
Hay que fortalecer el poder judicial, no debilitarlo, tal parece que el gobierno actual tiene muy equivocadas sus prioridades respecto a la impartición de justicia en México.
Falta poco más de 12 meses para que inicie la reconstrucción de México. Vamos a construir un poder judicial autónomo, con el que se respete la ley para que tú y tu familia se sientan seguros. Juntos vamos a construir el mejor México posible.
