Nos dicen que una vez que se abrió la convocatoria para elegir nueva dirigencia en el PRI del Estado de México, la que está apuntada para quedarse en el cargo es la senadora Cristina Ruiz. Nos aseguran que se cocina que ella encabece la fórmula única que se registre el 24 de enero y pueda ser ungida el 16 de febrero. Nos dicen que tiene el visto bueno de exgobernadores priistas mexiquenses. El cargo será de vital importancia pues la presidencia que se renovará abarca el periodo de 2025 a 2029, lo que significa que le tocará conducir los trabajos del tricolor para la elección de presidentes municipales en 2027 y la del gobierno estatal en 2029. Todo indica que no habrá sucesión, sino ratificación.

Muy atentos los diputados a elección judicial

Nos cuentan que, para fomentar la participación de abogados, los diputados de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados se turnarán para estar presentes en la inscripción de participantes que se realiza en las oficinas de la comisión, localizada en el edificio del Zócalo del Congreso local. Nos detallan que para dar el ejemplo el primero en asistir fue el presidente del grupo, el morenista Alberto Martínez Urincho, y así se turnarán uno por día hasta el 31 de enero cuando termina el registro de candidaturas. Nos precisan que esta Comisión Especial recibirá las solicitudes de inscripción y las remitirá de manera física o digital a cada uno de los Comités de Evaluación, quienes verificarán que los aspirantes reúnan los requisitos y posteriormente los evaluarán.

Fijan causas de nulidad para elegir magistrados

Nos platican que tras las reformas al Código Electoral del Estado de México que avalaron este martes los diputados, quedaron definidas las reglas para la elección de jueces y magistrados, y entre ellas destaca la causa de nulidad. Nos hacen ver que en el artículo 403 Bis quedó especificado que los resultados se podrán anular si no se instalan al menos 25% de las casillas, o si se incurre en el uso ilegal de financiamiento privado de manera grave, dolosa y determinante. También se prevé la anulación si se comprueba que partidos políticos o servidores públicos beneficiaron o perjudicaron indebidamente alguna candidatura.

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