Nos platican que el monto de pérdidas estimado por los organismos de agua en los 48 municipios intervenidos en la Operación Caudal asciende a mil millones de pesos anuales, es decir, ese recurso no llegaba a las arcas públicas y supuestamente se quedaba con los grupos delincuenciales, o por lo menos esa es la estimación que tienen algunos presidentes municipales, como el morenista de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, quien dio cuenta sobre las pérdidas millonarias que deja el huachicol del agua en tierras mexiquenses. Nos hacen notar que como parte de estas acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal, en el corto plazo, les fijarán a los piperos tarifas específicas para que no especulen con el costo, además, deberán registrarse en un padrón de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).
Fraudes en la venta del suelo de conservación
Nos cuentan desde el Gobierno de la Ciudad de México que no todo es lo que parece en la protesta que hubo de habitantes de Topilejo y el Ajusco en la alcaldía Tlalpan, pues si bien ayer algunas personas se manifestaron por el derrumbe de casas asentadas en zonas de suelo de conservación, lo cual no es legal, nos refieren que ayer no hubo operativo, como denunciaron, y que más bien el bloqueo de vialidades obedece a los intereses de líderes que han vendido la tierra como si fuera suya y cometen fraude a quienes les compran. Nos aseguran que la administración capitalina está poniendo ojo en esos asuntos, pues ha emitido reiteradas alertas de no caer en este tipo de ventas ilegales en suelo de conservación.
PAN advierte que plan de desarrollo “nacerá muerto”
A unos días de que se realice la consulta por el Plan General de Desarrollo en la CDMX, los diputados locales del PAN advirtieron que este podría “nacer muerto” si no se realiza una consulta de manera adecuada. El legislador Ricardo Rubio señaló que dicho ejercicio debería estar organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para garantizar su legitimidad. Al llamado se sumó el coordinador de la bancada Andrés Atayde, quien aseguró que el periodo de consulta se debe ampliar de dos a tres meses, pues se trata del documento que definirá el futuro de la ciudad a mediano y largo plazo.