Ayer, la Secretaría de Turismo capitalina, que encabeza Alejandra Frausto, lanzó una licitación para contratar los servicios de promoción, desarrollo e impacto turístico de la zona de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, que limita con el Estadio Azteca, sede de cinco partidos de la Copa Mundial de Futbol de 2026. Nos detallan que el proceso de contratación será exprés y durará sólo siete días, desde la compra de las bases hasta la emisión del fallo. La razón de la prisa, aseguran, es que el evento deportivo se realizará dentro de 14 meses y, dada la magnitud, nos dicen, ya van contra el tiempo. Habrá que estar pendiente de quién es el ganador de la licitación al vapor.
Quieren progresividad para el impuesto verde
Nos comentan que la Comisión de Hacienda del Congreso de la CDMX, que preside el perredista Pablo Trejo, presentó un documento de investigación que propone, entre otras cosas, tasas progresivas a los impuestos verdes, como el que entró en vigor, que realmente disuadan las prácticas contaminantes. Nos detallan que en este acuerdo, que fue avalado por las y los diputados, también se pide la creación de un fondo verde con mecanismos transparentes de reinversión, el desarrollo de incentivos fiscales para promover la economía circular y la implementación de compensaciones para proteger a los sectores sociales más vulnerables. Nos explican que este texto señala que se debe crear de inmediato una legislación en fiscalización ambiental en el próximo periodo ordinario de sesiones, así que ¡a trabajar diputados!
Desechan recursos contra reglas del IECM por elección judicial
Nos cuentan que el Tribunal Electoral de la CDMX, que preside Armando Ambriz, desechó dos juicios electorales que buscaban impugnar los lineamientos que el Instituto Electoral local emitió para garantizar la equidad y el cumplimiento de las reglas de propaganda durante la elección judicial —los mismos que también la jefa de Gobierno, Clara Brugada, impugnó-. Uno de estos juicios fue promovido por una persona que trabaja en una secretaría, cuyo nombre no fue revelado. Nos precisan que ambos recursos fueron desechados por las y los magistrados electorales debido a que las personas promoventes, en cada caso, carecían de interés jurídico y/o legítimo para controvertir estos lineamientos.