Nos platican que la fiscal Bertha Alcalde mantiene tan buena relación y coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que hasta forma parte del llamado Zócalo ciudadano, la audiencia pública que instaló la mandataria para que los martes todos los integrantes de su gobierno atiendan de forma directa a la población. Doña Bertha se sumó a dicho ejercicio y nos afirman que este martes escuchó las quejas ciudadanas durante más de dos horas y acompañó a doña Clara, para dar atención a los capitalinos. Nos recuerdan que uno de los éxitos en materia de seguridad y justicia en la pasada administración capitalina se debió a la coordinación y buena relación entre la fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Todo indica que esta relación seguirá así en el actual gobierno.
Exfuncionario de la BJ ganó amparos y goza de sus derechos ciudadanos
Nos comentan que en estrados del Poder Judicial se encuentran publicadas las resoluciones de los juicios de amparo que ganó Víctor Manuel Mendoza, quien fue director general de Planeación, Desarrollo y Participación en la alcaldía Benito Juárez y fue señalado por la fiscalía capitalina por presuntas anomalías ligadas a la corrupción inmobiliaria, por lo que tenía órdenes de aprehensión en su contra. Nos detallan que ambas quedaron sin efectos, por lo que están a salvo sus derechos ciudadanos y políticos y puede ser el secretario general adjunto del PAN en la Ciudad de México, como ayer se lo informamos en este espacio. También le dijimos que nadie quería comentar sobre la situación jurídica de don Víctor, pero ahora ya lo hicieron.
En pausa litigio por el predio de Montes Apalaches
Nos cuentan que sigue atorado el tema del predio de Montes Apalaches 525, en el Bosque de Chapultepec, en Miguel Hidalgo. Ayer se suspendió el plazo de 20 días que tenía el Congreso para modificar el uso de suelo, pues a los diputados les fue favorable un recurso de queja que promovieron ante un juez. Hace años un juez federal solicitó al Ejecutivo local cambiar el uso de suelo de ambiental a habitacional en el terreno que en 1992 fue expropiado por el Departamento del Distrito Federal y declarado Área de Valor Ambiental. El problema, nos subrayan, es que no se realizó el pago de la indemnización correspondiente, ni se dio el mantenimiento al inmueble para destinarlo a conservación ecológica, por lo que la Inmobiliaria Trepi ha pedido que les devuelvan el predio para construir una torre residencial.