La reforma constitucional en materia de energía eléctrica tiene el objetivo de recuperar por parte del Estado la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la CFE.
Como sabemos durante un mes, se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados los Foros de Parlamento Abierto, con la finalidad de fortalecer el análisis de esta iniciativa, en donde convergieron gobernadores de diferentes entidades federativas, así como empresarios en el ramo.
Se sabe que, de aprobarse esta reforma, el Estado será quien preserve la seguridad y autosuficiencia energéticas y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población garantizando al menos un 54%.
Es de todos conocido que a través del programa denominado “Borrón y cuenta nueva” la CFE han condonado los adeudos a los más de 660 mil usuarios en el estado de Tabasco.
Esto generó descontento en diversos sectores de mi estado, Chiapas, ya que el 40% de la energía eléctrica que se consume en el país, es producida a través de las hidroeléctricas de la entidad.
Como dato, en Chiapas se encuentran cuatro de las doce plantas hidroeléctricas del país: Presa Malpaso, Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez y la Presa Ángel Albino Corzo.
La reforma eléctrica del 2013 trajo consigo la implementación de políticas públicas perjudiciales para los que menos tienen. Aunado a ello, de las 17 tarifas de energía eléctrica en el país, las entidades federativas del Sureste tienen la sexta tarifa más cara.
Es por ello que la alta tarifa eléctrica representa una incongruencia para las y los chiapanecos, debido a la alta producción de energía, los índices de desempleo y pobreza de la población en la entidad.
Por todo lo anterior, es que exigimos tarifas preferenciales para Chiapas, pues como ya se dijo, es la entidad federativa con una producción importante de energía eléctrica a través de sus hidroeléctricas y el tipo de tarifa con la que se cuenta en la actualidad no son acorde a las condiciones socioeconómicas de la entidad.
