Desde 1988, “fraude electoral” es una de las frases que se han filtrado de forma más clara en el imaginario mexicano, al punto de hacerla casi indivisible de “política” y “elecciones” para muchas personas.
La caída del sistema en 1988, a cargo de Manuel Bartlett; Roberto Madrazo en tercer lugar de votación haciendo el ridículo mientras lanzaba la consigna del fraude; un líder opositor, hoy presidente, tomando Reforma y mandando al demonio las instituciones; el primer presidente elegido democráticamente en 70 años haciendo guerra al candidato de la oposición, al que odiaba desaforadamente y una serie de reformas constantes para tratar de atacar la incertidumbre, la opacidad y el fraude en las elecciones son algunas de las estampas que la idea del chanchullo electoral nos ha regalado a todas y todos en México.
Por desgracia no son las únicas.
A partir del crecimiento en poder e influencia por parte de la DO, México ha sufrido el embate de un nuevo actor que puede influir en los mecanismos democráticos de una forma brutal y descarnada.
Las elecciones actuales presentan la mayor probabilidad de violencia electoral, quizá al punto de la anulación de algunos comicios, en lo que va de este siglo. Una violencia que amenaza a aspirantes, candidatos, funcionarios y ciudadanos. Una violencia que igual asesina políticos en campaña, puede robar urnas llenas de votos, que puede apoderarse del juego electoral secuestrando y amenazando o simplemente imponiendo a quienes contienden en las boletas.
Las elecciones intermedias federales de este sexenio, realizadas en 2021, sirvió como aviso de lo que puede suceder en las elecciones presidenciales, incluso podría pensarse en una especie de ensayo.
De una forma inédita, la DO actuó de forma clara y contundente secuestrando, asesinando y amenazando a militantes partidistas, candidatos y comunidades que no les parecían favorables para sus designios y control.
Mención aparte merecen las acciones coordinadas y masivas en favor del actual partido en el poder por parte de grupos delincuenciales en los estados del llamado corredor pacífico.
En lo que llevamos del proceso electoral (menos de la mitad del período de campañas presidenciales) se ha superado ya las muertes relacionadas con la elección de 2018 y, de mantenerse el ritmo actual de decesos, se superará sin problemas a 2021, el año en que más activa ha sido la violencia electoral proveniente de agentes no estatales o políticos tradicionales.
Numerosos colectivos de análisis y monitoreo son los que nos han advertido de este fenómeno, por ejemplo Laboratorio Electoral reporta 56 personas asesinadas relacionadas con el proceso electivo, al tiempo que las autoridades electorales no parecen afectada a profundidad por las más de 100 peticiones de protección que han recibido en esta elección.
Ante el fenómeno de la violencia electoral relacionada con la DO hay que hacer tres señalamientos.
Por una parte, parece muy poco probable que las fuerzas del orden puedan lograr en los menos de dos meses que quedan de campañas de tal forma que logren pacificar el territorio nacional lo suficiente para pensar que el escenario de la elección más violenta no ocurra en este año.
Han tenido más de 5 años para tratar de controlar el crecimiento desmedido de los cárteles y bandas criminales con la estrategia de los abrazos pero no ha dado resultado, ¿qué nos podría hacer suponer que todo cambiará de la noche a la mañana?
En segundo lugar está el efecto que esta violencia pueda tener en la intención de voto de todas las personas que integran el padrón de electores. No es necesario tener poderes para normales para entender que entre más violencia haya es mucho más probable que no se logre un alto porcentaje de votación.
El miedo a arriesgar la propia vida y quizá la de los seres queridos es un contra incentivo que no se debe tomar a la ligera, en especial con el grado de desencanto que se ha registrado con la democracia en nuestro país y que ha quedado documentado por Latinobarómetro, entre otros indicadores.
Finalmente, la gran mayoría de los actos violentos que se han registrado en nuestro país, desde la precampaña hasta el día de hoy, se ha dirigido al ámbito local. Las personas que aspiran a ser electas como ediles, presidentes municipales y regidores son las más afectadas, además de vulnerables, contabilizando la mayoría de los asesinatos.
Este proceder por parte de los grupos criminales parece dirigido a desalentar la competencia libre (en Michoacán se han registrado al menos 34 renuncias a candidaturas por miedo a perder la vida) a nivel municipal y local.
En otras palabras, si ya sabemos que los candidatos que no aprueba la DO es muy probable que mueran o renuncien se genera un segundo y poderoso motivo para que la ciudadanía no acuda a las urnas.
Muchas voces han señalado que, para lograr una verdadera competitividad en estas elecciones, se debe registrar una votación masiva, superior al 65% de la lista nominal.
De continuar la ola de asesinatos y violencia parece que este objetivo se aleja cada vez más, dejando los dados cargados en una elección que, de por sí, ya ha padecido años de campañas ilegales, desvío de recursos sistemático -denunciado incluso por Ebrard-, además un injerencismo por parte de Palacio Nacional.
Pero ese será el tema que trataremos en la próxima entrega.
@HigueraB
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