Checkpoint

Hace poco más de un año escribí que México no era una democracia a la vanguardia mundial y tampoco se había constituido como una dictadura bananera clásica. Pese a que, en gran medida, esta afirmación permanece sólida, hemos llegado a un punto en el que los hechos nos obligan a revisar los posibles escenarios que el arranque del proceso electoral federal 2026-2027 plantea en este sentido.

El debate acerca de si México se ha ido transformando lentamente en una especie de dictadura electoral, una nueva hegemonía, no ha perdido su vigencia en los dos años del actual gobierno a pesar de descalificaciones, debates polarizados, hashtags y tendencias. Fríamente, no estamos mejor que al inicio del sexenio, en términos democráticos.

Para tratar de dar un marco referencial a esta afirmación y tratando de evitar contagiarnos de polarización, me basaré en una definición de lo qué podemos entender como dictadura. Esta es de las más interesantes y accesibles que es posible encontrar, generada por el padre de la ciencia política moderna, Giovanni Sartori, hace décadas. Sartori se preguntó, ¿cómo definir una dictadura?

Y esta fue su respuesta: Dictadura es, para nosotros, una forma de Estado y estructura del poder que permite su uso ilimitado (absoluto) y discrecional (arbitrario). El Estado dictatorial es el Estado inconstitucional, un estado en el cual el dictador viola la Constitución o escribe una Constitución que le permita todo.

Comencemos con el manejo del poder, sin restricciones. Revisemos el proceso electoral que arrancó hace unos días y pensemos si los acuerdos y contrapesos institucionales realmente ponen un límite a el poder, sea político-gubernamental o fáctico, legal o ilegal.

El actual Consejo General del INE ha tomado una serie de decisiones y acuerdos que debilitan su función como garante de la organización y ejecución de los procesos electorales. Algunas de estas incluyen reducir los controles para asegurar que no haya funcionarios o militantes como miembros de las mesas de casilla o como observadores electorales, hostigamiento en la mesa del CG de opositores viejos y nuevos -incluso olvidando aplicar la norma o sus propias decisiones pasadas-. Algunos consejeros han señalado que la falta de aprobación de documentos-reglamentos que asegurarían el proceder del Instituto y darían certeza al proceso, es una falta grave en términos de asegurar la equidad de las elecciones. Lo mismo sucede al acortar el tiempo de capacitación de funcionarios y ciudadanos para el proceso actual, incluso se llegó al punto que urnas embarazadas con boletas planchadas sean aceptadas. De las precampañas disfrazadas del partido oficial, así como de sus militantes en campaña y las intervenciones desde el púlpito matinal de Palacio Nacional, mejor ni hablamos.

Todo esto, pensando en clave sartoriana, el INE no es un límite al poder, sino un instrumento de su ejercicio irrestricto.

Sumemos a esto las modificaciones constitucionales y legales que se han ido acumulando en los últimos tiempos, los cuales parecen tener una intencionalidad completamente diferente a la de la narrativa oficial de democracia y libertad de expresión.

Desde el sexenio pasado se ha ido cooptando el INE y al TEPJF por medio de regalos (sumando años en el puesto de forma inconstitucional, por ejemplo), o mayoriteos, asegurando la lealtad de sus miembros. Basta recordar lo que el ex diputado, miembro de la Luz del Mundo, Hamlet García Almaguer, declaró, asegurando que la designación de los consejeros electorales sería totalmente guinda, sin tomar en cuenta la opinión opositora y sin buscar consensos.

Ahora, si sumamos a este panorama las posibilidades abiertas a través de combinar la prisión oficiosa preventiva en su aspecto electoral, regalo de AMLO; lineamientos de censura a medios, quiero decir de defensa de las audiencias, y legislación que permite anular una elección “por intervención extranjera” (sin aclarar a plenitud cómo se constituye) podemos asegurar que en el presente proceso electoral existen una serie de instrumentos que abren la puerta a lo que nos señala Sartori: la posibilidad de que se permita todo, en especial ante la tendencia del oficialismo de que la ley no es la ley y si conviene romper la norma, hay que hacerlo.

El paso más reciente en este sentido es la iniciativa constitucional, la cual impediría que un ciudadano con doble nacionalidad aspire a ser gobernador, senador o presidente por un supuesto conflicto “de lealtades”. No sólo no existe un criterio metodológico o estudie que apoye tal posición, sino que parece tener dedicatorias para personajes como Julián Lebarón o Ricardo Salinas Pliego, eliminándolos de la boleta electoral y reduciendo su potencial capacidad de competencia política.

Todo esto señala de forma clara que se ha modificado la ley, la constitución y los contrapesos a nivel federal para asegurar que el poder político quede en las mismas manos, reduciendo así el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes y continuar con la construcción de una hegemonía político electoral.

Finalmente, no olvidemos que esto también se replica a nivel de los institutos y acuerdos estatales, siendo el mejor ejemplo de ello el acoso al que se ha sometido a la oposición más clara de Michoacán desde el IEM. No sólo retiró la posibilidad de actuar como un todo a candidatos y candidatas del movimiento del sombrero, el que lideraba el asesinado Carlos Manzo, así como la prohibición de su vidua a usar el mismo sombrero que da nombre a su movimiento, enter otras cosas. Del trato que se le da desde presidencia a Grecia Quiroz, parecido al otorgado a colectivos de buscadoras, mejor no hablamos, nuevamente.

Por esto, en el check point de arranque de proceso electoral, de acuerdo con la definición citada arriba, podemos pensar en un estado dictatorial en términos electorales. No sólo existe la voluntad expresa de desaparecer y eliminar a los partidos opositores hasta que solo sean anecdóticos, sino que se han reducido los controles de las instituciones a la par de que se erosionan los derechos ciudadanos de reunión y asociación, de dar y recibir información y se elevan los costos a través de mayores castigos a movimientos políticos, ciudadanos y medios de comunicación.

La evidencia se acumula, no se trata sólo de la opinión de un servidor, sino de hechos con fechas y protagonistas, de discurso y declaraciones expresas en este sentido y de señalamiento de organizaciones nacionales y extranjeras.

Como reza el dicho…si tiene pico de pato y plumas de pato, ¿qué será?

#InterpretePolitico

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