Como cada año, las universidades del país inician la etapa de emplazamientos a huelga por sus sindicatos administrativos y académicos. Como es tradición, los activistas sindicales preparan estrategias y tácticas de rutina para la gestión exitosa de sus pliegos petitorios, como movilizaciones y otros recursos de presión, sin embargo, el contexto institucional y sus reglas se han ido modificando en desfase con las costumbres sindicales.
Los pliegos petitorios de casi todos los sindicatos universitarios, desde Baja California hasta Yucatán, tienen denominadores comunes, aunque se modifican los destinarios y los actores locales según las circunstancias políticas de cada una de las universidades y las raigambres socioculturales y políticas en la composición de cada una de las comunidades universitarias.
El desfase se observa en las negociaciones de los pliegos petitorios y tienen que ver con las nuevas reglas que impone la legislación de disciplina financiera, los topes presupuestales y las sanciones a los rectores que autoricen recursos más allá de lo que dispongan en sus presupuestos, incluso, en contraposición de los contratos colectivos que las autoridades universitarias han signado con los sindicatos con efectos acumulativos por décadas.
Todo ello implica nuevas formas políticas en las negociaciones, desde procurar no exceder los rubros autorizados en política salarial y las prestaciones ligadas bajo la presión de las demandas de los sindicatos emplazantes; los problemas tienen que ver con los aumentos en los “rubros no autorizados” como las plantillas y demás prestaciones que son observados por los distintos organismos fiscalizadores como “desvío de recursos”.
En lo inmediato, los riesgos de huelga están latentes, de ahí que resulte importante trazar rutas de mediano y largo plazo en los procesos para asegurar la sostenibilidad económica de las universidades públicas y con ello el cumplimiento de su función sustantiva: el trabajo académico, la investigación, docencia, vinculación y difusión de la cultura.
En este escenario de presiones laborales no debe perderse de vista la urgente revisión del modelo de financiamiento de la educación superior, de los instrumentos financieros, convenios y anexos de ejecución, así como los tiempos de ministración de fondos en el marco del rediseño de las relaciones entre federación, estados y universidades.
El tema de la fiscalización de recursos ocupa un lugar predominante y supone ajustes en distintos niveles, desde la conciliación normativa en disciplina financiera con la parte laboral, pero sobre todo con los usos y costumbres de autoridades y sindicatos al interior de cada una de las universidades, considerando que hay prácticas de discrecionalidad que ya no pueden continuar aún cuando los actores locales persistan en su defensa.
En tiempos en que los sistemas tecnológicos de verificación administrativa y financiera se han desarrollado a tal grado que los márgenes de opacidad en los ejercicios presupuestales se han reducido, resulta relevante la convergencia de criterios entre los distintos organismos auditores, desde la Auditoria Superior de la Federación, los organismos estatales y las contralorías internas de las universidades.
Hay materia para seguir avanzando a partir de toda la información disponible, de los estudios a profundidad que se han elaborado recientemente, por ejemplo, sobre los casos de nueve universidades con problemas estructurales, bajo el liderazgo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la Asociación Mexicana de Organos de Control y Vigilancia de la Educación Superior (AMOCVIES) y de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).
Importante colocar en el centro de estos trabajos administrativos, el cumplimiento del derecho a la educación, los compromisos de gratuidad y obligatoriedad establecidos en la reciente reforma educativa y en el Anteproyecto de Ley General de Educación Superior pero siempre, con presupuestos equitativos y suficientes que aseguren esos cumplimientos. Sin duda, nuevos retos para las universidades públicas federales y estatales que se encuentran en la coyuntura de negociación de sus emplazamientos a huelga.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana
