Tres premisas ampliamente aceptadas mundialmente sobre la educación son: 1) esta debe funcionar como el principal mecanismo de movilidad social, 2) las personas que nacen en condiciones desfavorables deben tener la posibilidad de aspirar a una vida digna y a mejores oportunidades y 3) el acceso y los resultados educativos no deben depender de factores como la condición socioeconómica, el género o la pertenencia étnica. Estos principios han dado lugar a una evolución conceptual: del enfoque de igualdad, que propone un trato idéntico para todos, al de equidad, que reconoce la necesidad de brindar apoyos diferenciados a quienes enfrentan mayores desventajas. La inequidad en educación puede analizarse a partir de tres indicadores fundamentales: la asistencia y permanencia escolar, la calidad de la oferta educativa y los aprendizajes logrados. En conjunto, estos elementos permiten anticipar las oportunidades reales que tendrán distintos grupos de la población para desarrollarse, integrarse al mercado laboral y participar activamente en la vida social. En esta ocasión, el énfasis se coloca en los aprendizajes, pues constituyen el fin último de la educación y el factor decisivo para la realización plena de las personas.
Bajo este enfoque, desde 1990 la ONU ha colocado la equidad en el centro de su agenda educativa, lo que implica para cada país la responsabilidad de avanzar progresivamente en el cumplimiento del derecho a la educación. Por ello, el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) desarrolló estudios para medir las brechas de aprendizaje entre distintos grupos de estudiantes. Uno de ellos analizó los resultados de aprendizaje de más de medio millón de estudiantes de educación obligatoria, que abarcó un periodo de 2000 a 2015. El estudio comparó el desempeño de alumnos —desde primaria hasta educación media superior— considerando variables como el aprovechamiento escolar, el sexo, la lengua materna, el nivel socioeconómico y el tipo de escuela. Los hallazgos muestran patrones consistentes de desigualdad en los aprendizajes, que se mantienen a lo largo del tiempo. Mientras algunos alumnos alcanzan niveles académicos del nivel de secundaria, otros apenas logran aprendizajes de primaria.
Las brechas también se manifiestan según la lengua materna. Los estudiantes cuya lengua principal es el español obtienen resultados superiores a quienes hablan una lengua indígena, con diferencias cercanas a dos grados escolares, aunque con cierta tendencia a reducirse a lo largo del tiempo. De manera similar, los alumnos de contextos socioeconómicos más favorecidos superan a aquellos en situación de pobreza por márgenes comparables. En cuanto al tipo de escuela, quienes asisten a instituciones privadas presentan, en promedio, mejores resultados que los de escuelas públicas, con brechas que se han mantenido prácticamente sin cambios durante el periodo analizado. Si bien algunos indicadores muestran ligeras mejoras, las desigualdades persisten y, en ciertos casos, se mantienen inamovibles. Estas diferencias no solo reflejan condiciones desiguales de origen, sino también la incapacidad del sistema educativo para compensarlas de manera efectiva. La equidad, en este sentido, no se logra únicamente ampliando el acceso a la educación o dando becas, sino garantizando aprendizajes significativos para todos.
Resulta preocupante que estudios de esta naturaleza, fundamentales para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, se hayan interrumpido, desestimado y hasta ocultado. La ausencia de información actualizada impide conocer si las brechas se han ampliado en los últimos años, particularmente, por efectos de la pandemia. Sin datos confiables, la toma de decisiones se basa en ocurrencias, sustituyendo el análisis riguroso por narrativas políticas fantasiosas. En este contexto, han surgido afirmaciones que carecen de sustento empírico, como las declaraciones de la Presidenta de que las escuelas públicas son mejores que las privadas y que no hay diferencias en la calidad de las escuelas mexicanas. Minimizar o ignorar las desigualdades existentes no contribuye a resolverlas; por el contrario, limita la posibilidad de diseñar estrategias efectivas para atenderlas.
La inequidad educativa sigue siendo uno de los mayores problemas del país. Reducirla exige no solo voluntad política, sino también información sólida y políticas públicas orientadas a cerrar las brechas en el acceso, la calidad de la enseñanza y los niveles de aprendizaje. Sin estos elementos, el sistema difícilmente podrá cumplir con el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que plantea garantizar una educación de calidad con equidad.
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