El proteccionismo, en Economía, es una política gubernamental destinada a proteger a las industrias nacionales frente a la competencia extranjera. La connotación estrictamente descriptiva del término fue desvirtuada por el neoliberalismo, que lo usó como una etiqueta para descalificar cualquier política dirigida a preservar determinadas condiciones productivas de un país que pudieren ser afectadas por la apertura indiscriminada al comercio, la cual se pretendía imponer prácticamente en todo el mundo como una característica de la globalización que, equivocadamente, consideraban irreversible.

La defensa del interés económico de una nación se remonta a la época previa a la instauración del Estado nacional. En 1336, Eduardo III de Inglaterra prohibió la exportación de lana a Flandes, en donde era procesada para la elaboración de tela. El propósito de la prohibición era evitar que saliera de Inglaterra esa materia prima para incentivar que se le agregara valor mediante su industrialización en el propio territorio inglés. Con ello enfrentaba la competencia de la producción flamenca y estableció las bases para los futuros desarrollos industriales.

Las naciones buscan naturalmente proteger sus ventajas y es interesante observar el fenómeno que se produjo en la India durante la campaña independentista de Gandhi, basada precisamente en boicotear el ingreso de productos textiles ingleses que se elaboraban a partir del algodón exportado por la India. Uno de los elementos centrales de la insurrección pacífica de Gandhi, fue impulsar la producción de tela de manera artesanal para que los indios se aprovisionaron de las prendas necesarias y evitaran adquirir las provenientes de Inglaterra.

Por otra parte es cierto que resulta prácticamente imposible para un país la autarquía, suponiendo que será capaz de producir todo lo que necesita. Pero igualmente la apertura total puede ser destructiva de los procesos económicos internos y particularmente de la creación de empleos. En el caso actual, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas plenamente justificadas para proteger nuestra industria textil ubicada en diferentes entidades de la República, que se sustenta en empresas familiares generadoras de 400 mil empleos. Esta producción se ve afectada por el indebido ingreso de productos foráneos que se introducen mediante argucias ilícitas, desgraciadamente favorecidas por agentes aduanales que incumplen su función.

El gobierno ha puesto al descubierto la truculencia consistente en importar tela o prendas de vestir con el subterfugio de que serán parte de un proceso que se concluirá en nuestro país, a fin de luego exportar el producto final. Al simular que se trata de una importación temporal, esos artículos no pagan IVA ni aranceles y dado que no vuelven a salir del país como producto exportable, se quedan en nuestro territorio para ofrecerse a un precio artificialmente menor, en virtud de la evasión de impuestos.

La decisión protectora de aplicarles un 35% de aranceles se inscribe en una política económica sana que rechaza la presunta descalificación de proteccionista y es respaldada por el sector empresarial beneficiado con la medida. Bienvenida esta posición que impulsa un comercio libre cuando es justo, y frena toda práctica que signifique el deterioro de algún proceso productivo nacional.

¡FELIZ NAVIDAD!

Investigador de El Colegio de Veracruz

y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade

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