Hay que empezar por mejorar el proceso de integración de los Comités de Selección, que debería iniciarse casi dos años antes de la elección, esto es, en septiembre de 2025 para la elección de 2027, las áreas jurídicas de cada Poder habrían de iniciar la búsqueda de juristas relevantes en todo el país a fin de formularles una invitación para entrevistarse con miembros del Pleno de la Corte, con las Comisiones de Justicia de las Cámaras y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo, en un proceso abierto y transparente, del cual surgieran dichos comités para iniciar sus labores en febrero del año siguiente. Ser miembro de ellos debería constituir un gran honor e implicar una adecuada remuneración. Empero, su labor debe ceñirse a proponer las candidaturas y no a decidirlas.
La Constitución dice que la postulación de los candidatos corresponde a los Poderes, y el sistema aplicado los convirtió en meros firmantes de las decisiones de los comités. Estos deberían realizar un proceso de entrevistas públicas a los aspirantes a candidatos del que surgiera la propuesta que se lleve a la votación de las Cámaras, del Pleno de la Corte y en el caso de la Presidencia a la consideración de su titular, para determinar la postulación de una sola persona. De ese proceso debería suprimirse la insaculación; esta debe servir para resolver situaciones de absoluta igualdad, que no es el caso en las calificaciones de los aspirantes.
Los comités deben disponer de una mayor oportunidad para conocer a fondo los antecedentes de los aspirantes y verificar que cumplan los requisitos. Sería conveniente que la convocatoria del Senado se emitiera en diciembre del mismo año en que se inicia la selección del Comité de Evaluación. Ambos procesos podrían ir en paralelo. El registro de aspirantes podría empezar en enero del año previo a la elección y debería permitírseles darse a conocer desde ese momento a través de conferencias, otros actos académicos y redes sociales, sin ninguna propaganda pagada. Esta situación sería similar a la figura de los aspirantes a candidaturas independientes.
Para que la ciudadanía conozca a quienes buscan ser juzgadores se requiere más tiempo que el de la elección pasada. La campaña debe durar 120 días iniciando en febrero y considerarse la posibilidad de que el INE organice giras conjuntas de los candidatos para realizar mesas redondas en instituciones educativas que no deberían apartarse del proceso como muchas lo hicieron.
Hay que ampliar los medios propagandísticos, no es suficiente el reparto de volantes; debe garantizarse, como lo prevé la Constitución, el acceso de los candidatos a los medios electrónicos. No es razonable que la única fuente de financiamiento de la campaña sean los recursos personales de los candidatos. Se debe analizar un esquema en el que la autoridad electoral tenga un fondo contra el cual puedan girar los candidatos para sus actividades.
Habría que reconsiderar si conviene mantener a los partidos formalmente apartados del proceso de elección. En la práctica es lógico que los miembros de los partidos tengan mayor o menor simpatía por los postulados según su perfil ideológico jurídico, de modo que, aunque no se les conceda la atribución de postularlos, sí se les permita promover entre sus miembros determinadas candidaturas.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade