Contra los malévolos augurios de quienes siempre apuestan en contra del interés de México, la ciudadanía del país salió por millones a votar en la primera ocasión que los cargos judiciales son producto de la voluntad popular expresada en las urnas. La promoción de la abstención se redujo a una minúscula reunión de personas en el Ángel de la Independencia, parecían ser un poco más por la presencia en el mismo lugar de los aficionados al ciclismo que festejaban la hazaña lograda en el Giro de Italia por el joven Isaac Del Toro. Las malintencionadas invitaciones a no votar carecieron de efecto por más que las voces opositoras al gobierno pretendan deslegitimar un ejercicio que tuvo un indiscutible apoyo desde el proceso electoral de 2024, en el que la Reforma Judicial fue impulsada por los partidos triunfadores, y el domingo fue ratificada por una proporción considerable del electorado que mostró su compromiso cívico y dio un mentís a quienes pronosticaban el desconcierto de los votantes ante las boletas y menospreciaban su capacidad de comprensión respecto del novedoso método para componer —en ambos sentidos— al Poder Judicial.
La estimación del porcentaje de participación entre un 12 y un 13 % es acorde a la naturaleza y las condiciones de esta elección judicial. El primer factor que debe tomarse en cuenta es su carácter original, también en su doble connotación: como primera experiencia y por ser diferente a las otras elecciones. En segundo lugar se efectuó en un tiempo récord, de modo que las campañas duraron poco y no tuvieron los instrumentos de difusión existentes en las de legisladores y poderes ejecutivos. Estas limitaciones tenían plena justificación en razón del necesario cumplimiento de las disposiciones constitucionales, a las cuales se les podría hacer un ajuste para las elecciones subsecuentes.
Otro factor de gran significación deriva de las característica intrínsecas de la función judicial, con la cual la población de todos los lugares donde se eligen jueces, tiene un contacto menos intenso que con los otros poderes. Así lo muestran los índices de participación en otras latitudes.
Cuando el proceso electoral judicial se realiza aisladamente, sin coincidir con elecciones legislativas o ejecutivas, la participación es reducida. La destitución de una integrante de la Corte Suprema de Tennessee se decidió con el 19% de los electores. En el condado de Kane, en Illinois, la participación para un puesto judicial fue de apenas el 11.3% de los votantes registrados. La elección para la Corte Suprema de Wisconsin registró una participación del 27%. El Brennan Center for Justice de EE. UU. ha detectado que el 25% o más de los votantes que participan en elecciones generales no completan la sección judicial de la boleta. Los porcentajes más altos en elecciones judiciales aisladas en estados donde se han realizado por muchos años anda entre el 20 y el 30%.
La participación se incrementa cuando coinciden diversas elecciones. Los japoneses en 2021 eligieron diputados y conjuntamente se efectuó el proceso de ratificación de miembros de la Corte Suprema por voto popular, entonces votó el 55.6% del padrón. Nuestra elección intermedia de 2021 tuvo un 52% de participación, de modo que a la luz de la experiencia de Japón podemos estimar que en 2027 la elección judicial podrá acercarse 50%.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade
