Hace más de 50 años me recibí con la tesis “Medios de Control Estatal de la Televisión Comercial en México”; desde entonces la tecnología ha cambiado, pero no la tenaz resistencia del sector a ser regulado. Durante el Conversatorio para analizar la Ley de Telecomunicaciones se escuchó en coro el cántico neoliberal contrario a la regulación. Se le pide al Estado renunciar a su deber de normar jurídicamente la vida colectiva.
La autoridad tiene el legítimo derecho de aplicar la ley para impedir excesos en la difusión de contenidos. Es inaudito admitir que los operadores de una red social decidan bajar algo de su medio y exigirle al Estado, titular de un poder soberano, que se abstenga de hacer lo mismo y permita que circule libremente un llamado a delinquir; una falsa noticia que provoque pánico; o pornografía infantil, por ejemplo. La Constitución fija esos límites. Garantizar que no se rebasen es legítimo. Hay que tener presente que la obsesión por no caer en el autoritarismo conduce irremediablemente a la pérdida de autoridad. Equivale a “tirar al niño con el agua de la bañera”, como dicen los ingleses.
La técnica de recuperación de un conservadurismo derrotado, incapaz de ganar elecciones, es buscar posiciones de poder por otras vías, como recuperar influencia en materia de concesiones. Una concesión permite a particulares la explotación de un bien que es de todos. La decisión de otorgarla debe ser hecha con base en la ley por la autoridad ejecutiva del Estado que elegimos para que ejecute dicha ley. Por qué hemos de pensar que la ejecutará mejor un grupo de personas no electas ajenas al Poder al que en las urnas le confiamos la conducción del país.
No se justifica el rechazo a que las decisiones en la materia sean unipersonales. En un sistema presidencial el Poder Ejecutivo no es colegiado, es unipersonal. Esa condición se transmite a los titulares de sus dependencias, que siempre cuentan con un equipo, pero actúan personalmente por delegación del Ejecutivo que los nombra basado en facultades constitucionales. No hay razón válida para que un área como las telecomunicaciones se desvincule de ese Poder. El T-MEC no impone esa condición. Ceder la autoridad a órganos carentes de legitimidad electoral implica una disminución del poder popular en beneficio de poderes fácticos. La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica se hizo para devolver esa autoridad a quien corresponde.
En el ámbito del derecho de las audiencias se observa en medida extrema la renuncia a ejercer la autoridad y se deja que los emisores designen a un defensor de la audiencia. Todo un homenaje a la autorregulación que implica poner la Iglesia en manos de Lutero. Al Estado compete asumir esa defensa prevista en el art. 6º constitucional. Debería la autoridad contar con una Oficina de Defensa de las Audiencias que a requerimiento del público exija a los emisores cumplir con la ley en materia de contenidos plurales, veraces, imparciales y de calidad. En el medio siglo transcurrido desde que me recibí, la desregulación ha promovido la vulgarización de las emisiones, la corrupción del lenguaje y la desobediencia impune de lo poco que queda regulado, como mantener el mismo nivel del audio cuando entran los comerciales.
La autoridad no debe ser autoritaria pero tampoco dejar de ser autoridad.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro.
@DEduardoAndrade